En el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el juez Walter Lara Correa, del fuero Contencioso Administrativo, falló contra el Ministerio de Capital Humano nacional, a cargo de Sandra Pettovello, en la causa por los alimentos sin distribuir.

La Sala Contencioso Administrativo Federal N° 7 a cargo del juez Walter Lara Correa obligó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a retomar los planes vigentes de seguridad alimentaria “de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”. Lo cual significa que la funcionaria deberá reactivar la llegada de mercadería a los comedores y merenderos pertenezcan o no a organizaciones sociales.

De ese modo, le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comederos y merenderos comunitarios. Juan Grabois (Utep) participó de la acción colectiva como abogado y también se sumaron otras asociaciones.

En su cuenta de X, el dirigente compartió la noticia sobre el fallo y sentenció: “Otro freno de la Justicia al plan de miseria planificada”.

Además, explicó que el fallo implica la “inmediata restitución de la provisión de alimentos a los comedores comunitarios a través de todas las asociaciones que venían realizándolo”.

Al mismo tiempo, el dirigente de Argentina Humana detalló que eso “no impide el correcto ejercicio de poder de auditoría a los comedores, pero es claro en cuanto a que no se puede generalizar y desabastecer al conjunto por las irregularidades que se detecten en unos pocos”.

Al respecto, agregó: “Es una nueva victoria jurídica que esperamos que el gobierno acate. De lo contrario, incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y, eventualmente, desobediencia”.

A su vez, afirmó que “la medida cautelar es un paso importante para que se cumplan las partidas presupuestarias ya asignadas por los programas de alimentación a través de los comedores y se ejecuten los fondos entregados por el programa de Naciones Unidas”.

“La decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario”, destacó Grabois.