La causa, que fue tramitada por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción, a cargo del Fiscal Miguel Varela, tuvo su origen en una serie de denuncias realizadas, en las que al menos siete personas afirmaron haber sido víctimas de robos por el uso de un dispositivo electrónico inhibidor de señales, utilizado para vencer los sistemas de seguridad y alarmas de vehículos.

Los delincuentes habían sido capturados el 25 de febrero en Concepción, luego de que personal policial los identificara en el vehículo en el que se movilizaban. Una de las víctimas, que había sufrido el robo de $150.000 del interior de su camioneta, aportó imágenes de una cámara de seguridad que resultaron claves para dar con los delincuentes.

La investigación

En una serie de allanamientos dispuestos por la UFI interviniente, los investigadores lograron secuestrar un dispositivo electrónico marca Inyser, comúnmente utilizado para bloquear alarmas de vehículos, que fue hallado en la casa de uno de los imputados.

Asimismo, durante la apertura del vehículo Peugeot 208, en el que habían sido capturados los sujetos, se encontró debajo del asiento del conductor otro dispositivo de estilo “Handy”, el cual tenía adherido una antena aparentemente hechiza.

Ambos aparatos fueron analizados por peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, cuyo informe determinó que esos dispositivos electrónicos estaban programados en la frecuencia que se utiliza para vencer y bloquear las señales de alarmas.

El resultado de dichas pruebas fueron determinantes para dar por acreditada la materialidad de los ilícitos.

Durante la audiencia celebrada, Carrizo y Brito expresaron su conformidad a los términos del acuerdo de juicio abreviado y admitieron su responsabilidad por lo que fueron declarados culpables por el delito de hurto agravado en reiteradas oportunidades, recibiendo una pena de tres años de prisión.

Dicho convenio, previsto en el artículo 376 del Código Procesal Penal de Tucumán, contó con las firmas de los condenados, sus defensores técnicos y el fiscal, así como también el aval del juez interviniente que fijó la condena correspondiente.