El fallo de la Corte Suprema de Brasil también incluye a otros siete acusados. La Fiscalía los denunció por “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, entre otros puntos.
A través de las resoluciones 61 y 62, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, la medida busca facilitar la competencia y flexibilizar los requisitos para los prestadores de servicios turísticos.
