La causa que investiga la detención de una niña de 12 años ocurrida en febrero en el barrio Juan XXIII (La Bombilla) dio un paso procesal con la formulación de cargos contra cuatro policías, aunque la querella cuestionó la demora en la investigación y consideró insuficientes tanto las imputaciones como las medidas de coerción dictadas.

La abogada Mariana Sanillán, representante de la familia, recordó que el hecho ocurrió el 21 de febrero y que la denuncia fue presentada al día siguiente. Sin embargo, señaló que recién ahora se concretó la audiencia de formulación de cargos.

“La Fiscalía tuvo conocimiento desde el inicio y aportamos todos los videos. Recién ahora se hizo la audiencia de formulación de cargos y de medidas de coerción”, sostuvo.

Según explicó la letrada, durante estos meses la querella debió insistir para que se incorporaran pruebas fundamentales, como cámaras de seguridad y planillas policiales.

Los cuatro efectivos fueron imputados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y falsificación ideológica de instrumento público. Entre ellos hay dos policías hombres y dos mujeres pertenecientes a la fuerza.

Sanillán relató que la menor se encontraba grabando un video para redes sociales durante un operativo policial cuando fue abordada por los efectivos.

De acuerdo con la denuncia, la niña ocultó su teléfono celular entre sus prendas para evitar que se lo quitaran y, en ese momento, un policía le habría introducido la mano entre sus partes íntimas para sacarle el aparato, que posteriormente habría sido destruido.

La querella también sostiene que la menor permaneció unas seis horas dentro de un móvil policial, mientras su madre intentaba seguir el recorrido. Según la abogada, cuando la mujer reclamó que trasladaban a su hija sin la presencia de una agente femenina, también fue detenida.

Sanillán afirmó que existen registros audiovisuales que permitirían identificar tanto el móvil como a los efectivos que participaron del procedimiento.

Investigación y medidas
La representante de la familia indicó que, tras la audiencia, recién ahora solicitarán la realización de una Cámara Gesell para que la menor pueda declarar sobre el presunto abuso sexual sin acceso carnal denunciado.

Además, destacó que la jueza Rady cuestionó la calificación legal impulsada por la Fiscalía, al considerar que los cargos serían insuficientes frente a los hechos investigados, y pidió que el caso sea analizado con perspectiva de niñez.

En cuanto a las medidas impuestas, los policías continuarán en libertad y deberán fijar domicilio y cumplir una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de la víctima.

La querella remarcó que los cuatro efectivos continúan prestando funciones y aseguró que no tiene conocimiento de la apertura de un sumario administrativo.

“Hay un abandono institucional”
Sanillán también denunció que la menor y su familia no recibieron asistencia psicológica ni acompañamiento institucional desde que ocurrió el hecho.

Según relató, la madre buscó atención en distintos centros de salud, pero no consiguió que la niña fuera atendida por un profesional.

Como consecuencia de lo ocurrido, afirmó que la adolescente sufrió un fuerte deterioro emocional y escolar.

“Era una nena con promedios de 8, 9 y 10. Hoy no quiere ir a la escuela, se lleva materias y abandonó todas las actividades que le gustaban”, señaló.

La abogada agregó que la menor manifiesta temor cada vez que ve a un policía uniformado y que incluso recordó una presunta amenaza de una agente durante el procedimiento.

Finalmente, Sanillán adelantó que la querella insistirá para que se profundice la investigación, se concrete la Cámara Gesell y se agraven las imputaciones contra los efectivos involucrados.