La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el laboratorio Danco, que fabrica el fármaco mifepristona, “han incumplido descaradamente la ley y la normativa vigente (…) y han antepuesto continuamente la política a la salud de la mujer”, denunciaron estas asociaciones de ginecólogos y pediatras que hacen campaña contra el aborto, en un texto presentado a la Corte.

Una verdadera batalla jurídica comenzó el 7 de abril, cuando, tras una demanda de una coalición de grupos antiaborto, un juez federal en Texas, Matthew Kacsmaryk, retiró la autorización de comercialización de mifepristona, aprobada por la FDA. A pesar del consenso científico, consideró que planteaba riesgos para la salud de las mujeres.

Un tribunal de apelaciones, al que recurrió el gobierno de Joe Biden, permitió que la píldora abortiva siguiera autorizada, pero limitó las facilidades de acceso otorgadas por la FDA a lo largo de los años. Su fallo limitó el uso del fármaco a las siete semanas de embarazo, en lugar de diez, y prohibió su envío por correo.

El gobierno federal apeló entonces de manera urgente a la Corte Suprema, que mantuvo temporalmente el acceso a la píldora abortiva el viernes, suspendiendo la decisión del tribunal de apelaciones para tener más tiempo para examinar el caso.

La Corte dispuso que la suspensión regirá hasta el miércoles, justo antes de la medianoche.

“Sin una decisión de suspensión, la mifepristona provocará más complicaciones físicas, trauma emocional e incluso la muerte de las mujeres”, argumentaron los médicos antiabortistas.

“También perjudicará a los demandantes al obligarlos a realizar abortos que violan su conciencia”, agregaron, y pidieron a la Corte Suprema que mantenga la decisión del tribunal de apelaciones.