Una defraudación de $ 25.147.637,12 habría sido gestada y provocada en perjuicio del Hospital Independencia y es atribuida al hijo de una legisladora y dos individuos más, según lo fundamentó ayer el fiscal Ramón Alfonzo en su solicitud de prisión preventiva.

Los imputados son Miguel Oscar Franco Rojas, a quienes asisten los abogados Francisco Palau y Pablo Brizuela; Raúl Gómez, Ramón Gándara (excarcelado ayer, previa fianza) y Rafael Aranda, representados por el abogado Gustavo Jorge.

Los cargos más graves recaen en Rojas, sospechado de presunto “jefe u organizador de una asociación ilícita y defraudación calificada y administración infiel”, en perjuicio del Estado provincial. En orden decreciente, el resto de los detenidos enfrenta similares calificativas.

De acuerdo con la investigación, la maniobra fue potestad de Rojas, hasta febrero “coordinador de Servicios Generales a cargo de los servicios de limpieza, residuos, mantenimiento, depósito, seguridad, cocina, espacios verdes, bienes patrimoniales, entrega de equipos de protección personal y librería y cualquier otro servicio que en el futuro sea asignado por la dirección del Hospital Independencia”. A su vez, Aranda (hoy con arresto domiciliario) era el encargado de Farmacia.

El 26 de febrero la policía actuó y detuvo a varios sospechosos y después cayó Rojas. En horas, se los acusó de sustraer miles de barbijos, botellas de alcohol en gel y guantes, trascendió.

Para la Fiscalía, la banda conforma “una organización destinada a redireccionar insumos hospitalarios perteneciente al Hospital Independencia y que son provistos por el Ministerio de Salud de la provincia para el uso interno de los servicios de salud, para protección sanitaria del personal que trabaja en ese establecimiento hospitalario durante la actual crisis sanitaria generada por la pandemia Covid-19”.

La Fiscalía precisó que el ardid fue “con fines de aprovechamiento personal o de terceros en el período del 13 de abril del 2020 y el 26 de febrero” pasado, en que cayeron presos.

Según las estimaciones, habrían sustraído “guantes de látex falle M. L. S, guantes de nitrilo, barbijos quirúrgicos, alcohol líquido en botellas de 500 ml, en gel en botella de 500 ml, respiradores Nº 95, disponiendo engañosamente la derivación desde el Hospital Independencia a otro nosocomio”.

Asimismo, Rojas habría utilizado a terceros no identificados para retirar insumos del Independencia para distribuir en sistemas de salud privada y empresas de su propiedad.

Según la calculadora del fiscal, Rojas habría recibido “al menos 48 envíos del Ministerio de Salud desde el 13 de abril del 2020 al 26 de febrero pasado. Ello arrojaría un total de 7.330 botellas de alcohol líquido de 500 ml, 4382 botellas de alcohol en gel de 500 ml, 183.368 unidades de barbijos quirúrgicos. 10.800 unidades respiradores Nº 95, 8.062 cajas de 100 unidades de guantes M de látex, 5.515 cajas de 100 unidades de guantes 5 de látex, 4536 cajas de 100 unidades de guantes L de látex, 876 cajas de 100 unidades de guantes de nitrilo tamaños ‘L’ 15, ‘M’, cuyo ingreso no registró o registró irregularmente en los sistemas internos de control de stock y de egresos, a fin distorsionar la contabilización de la existencia real de insumos para disponer y redireccionar con destino ajeno al Hospital Independencia.

Los sujetos habrían malversado “1.626 unidades de botellas de alcohol liquido de 500 ml a un valor estimativo promedio de mercado de $ 512,50 cada una; 1.640 botellas de alcohol en gel de 500 de $ 357,50 cada una; 53948 barbijos quirúrgicos equivalente a 1079 cajas de 50 unidades , a un valor de mercado la caja de 50 unidades a $ 1,916,58; 7474 unidades de respiradores Nº 95 149 cajas de 50 unidades por $ 8.000 la caja de 50 unidades; 6.032 cajas de 100 unidades de guantes M de látex en $ 1.786.93 la caja; 2416 cajas de 100 unidades de guantes por $ 1786,93 la caja; 2703 cajas de 100 unidades de guantes L de látex de $ 1.786,93; 836 cajas de 100 unidades de guantes a un valor de mercado de $ 1.401”.

En síntesis, para la investigación las maniobras provocaron “un perjuicio estimado aproximativamente por el período de tiempo imputado de al menos $ 25.147.637,12 al Estado provincial”, enfatizó la Fiscalía.