A solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), este lunes 28 de febrero tuvo lugar una audiencia de formalización de cargos contra una joven, de 21 años, acusada por el delito de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, utilizando un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en calidad de coautora.

El hecho investigado, por la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, que subroga Carlos Picón, ocurrió ayer domingo 27 de febrero, a las 18:30 horas, cuando la víctima sufrió el robo de su celular (marca Iphone de color blanco) cuando se encontraba en la puerta de su domicilio de calle Lavalle al 1500, en compañía de un masculino.

En esas circunstancias, fueron abordados por la acusada, quien se movilizaba como acompañante de un hombre, aún no identificado, en una motocicleta de color negra (tipo CG) junto a otros dos sujetos, quienes también lo hacían en un motovehículo. Allí, el conductor del rodado, en el que se trasladaba la sospechosa, gritó “Dame todo”, mientras esgrimía un arma de fuego le arrebató el teléfono celular de las manos de la víctima.

Posteriormente, tras forcejear con la mujer, la damnificada y su amigo lograron reducirla, al tiempo que los otros individuos huían. Seguidamente se dio aviso al personal de patrulla motorizada del 911 que circulaba por la zona donde fue detenida y trasladada a la Comisaría III.

El auxiliar de fiscal, Ricardo Ybañez, en representación del titular, detalló la sustracción del celular (el cual no pudo ser recuperado), el acta de denuncia en la sede policial e informó que su consorte de causa se encuentra prófugo. Debido a que la joven tiene un bebé, de 8 meses, se pidió que cumpla la prisión con arresto domiciliario, por el término de 10 días. Pedido que fuera validado por la jueza actuante en su resolución.

En la audiencia, el investigador recordó que la imputada tiene una causa en trámite, por un ilícito con igual modalidad, que aconteció en 2020. Además, el representante del MPF explicó que faltan por recolectar otras pruebas, entre ellas, las entrevistas a los testigos presenciales y el análisis de las cámaras de seguridad en el perímetro donde vive la damnificada para reforzar la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal.