En el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expusieron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la grave situación de precariedad laboral que atraviesan las y los trabajadores del sector público en Argentina.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, presentó un informe en el que denunció que más del 55% del personal estatal trabaja en condiciones de informalidad, bajo contratos que, según afirmó, constituyen un fraude laboral sistemático.

“Estas formas de contratación impiden el acceso a la planta permanente y vulneran derechos fundamentales”, declaró.

La delegación argentina participa de la conferencia, que se desarrolla del 2 al 13 de junio, en un contexto especial: se cumplen diez años de la Recomendación 204 de la OIT, que promueve la transición de la economía informal a la formal, con énfasis en la generación de empleo decente y sostenible.

Cabezas destacó la importancia de este instrumento y su vigencia, señalando que su cumplimiento es clave para combatir la informalidad tanto en el sector público como en el privado.

Un problema estructural y generacional

La dirigente gremial subrayó que, si bien la informalidad laboral general en Argentina ronda el 42%, los datos son aún más preocupantes cuando se analiza su impacto sobre las juventudes.

“Más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes trabajan sin derechos laborales básicos”, advirtió, citando cifras de la propia OIT.

Además, la conferencia de este año debate nuevas normativas internacionales para proteger a los trabajadores frente a riesgos biológicos en sus entornos de trabajo, regular el empleo en plataformas digitales y diseñar políticas que impulsen la transición hacia la economía formal.

Argentina participa junto a otros 186 Estados Miembros de la OIT. La presencia de ATE y la CTA en este foro internacional busca visibilizar las consecuencias de la precarización estatal y sumar respaldo internacional a sus reclamos por una reforma estructural que garantice estabilidad y derechos para quienes cumplen funciones esenciales dentro del Estado.