Virginia Nazarena Mercado, compañera de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y amiga íntima de Paulina Lebbos, admitió su culpabilidad por el cargo de encubrimiento ante la Justicia. Lo hizo como parte de un acuerdo por juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual lograría evitar la cárcel. La pena por haber obstruido la justicia con sus mentiras, en caso de que sea convalidada por un juez, será de 3 años de prisión condicional.

La audiencia decisiva, conocida técnicamente como “de visu”, se concretó este jueves por la mañana, ante la presencia del juez Patricio Prado de la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional, quien debe ahora ratificar o desestimar el acuerdo en un plazo no mayor a los 10 días hábiles.

Mercado fue la última persona del entorno de Paulina que la vio con vida aquella madrugada antes de ser brutalmente asesinada, lo que la convirtió en una testigo clave para el caso. Pero su situación cambió drásticamente tras el histórico juicio que comenzó en 2018 y concluyó en 2019. En aquella sentencia, el tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto ordenó que fuese investigada, al considerar que su relato presentaba fisuras evidentes y disentía en cuestiones elementales con respecto a sus primeras declaraciones en la causa, mismas que encauzaron la investigación en un primer momento.

En primer lugar, Mercado nunca pudo explicar con claridad por qué esa noche decidieron tomar un remís “trucho” en la calle, luego de salir a la madrugada del boliche Gitana en El abasto, cuando generalmente ella y Paulina, según se supo, se manejaban en taxi por seguridad. Tampoco pudo identificar al chofer en la rueda de reconocimiento, a pesar de haber compartido el viaje hasta su casa en La Rioja al 400. Hubo contradicciones evidentes a la hora de reconocer un identikit del chofer, que ella misma habría ayudado a confeccionar en un primer momento de la investigación.

Además, la testigo/encubridora cambió su versión con respecto a la pareja de Paulina, César Soto (también investigado en la causa). Ante aquel tribunal del 2018, Virginia dijo “no conocer” acerca de la relación ni sobre episodios violentos, a pesar de su intimidad con la víctima. Sin embargo, según consta en el expediente, en declaraciones policiales y lo que posteriormente denunció Alberto Lebbos, Mercado había admitido previamente ante la policía y la familia que Paulina sufría violencia de género, amenazas de muerte de parte de su pareja y que Soto había llegado a “agarrarla del cuello”.

Un momento fundamental en ese juicio fue durante el careo que se realizó entre Virginia y su hermana, Jimena Mercado. Jimena afirmó que, posterior al descubrimiento del cuerpo sin vida de Paulina, habían sufrido un “allanamiento” o visita policial extraña, pero virginia lo negó rotundamente frente a los jueces, generando una contradicción que alertó sobre un posible pacto de silencio.

Otro de los puntos que despertaron las sospechas de los jueces fue el hecho de que Virginia nunca explicó de forma coherente el desencuentro con el resto del grupo dentro del boliche al que asistieron la noche de la desaparición de Paulina, ni por qué ella y la víctima se quedaron solas al momento de salir.

De este modo, Mercado reconoció su culpabilidad por haber obstruido la investigación, lo que contribuyó a garantizar la impunidad en uno de los casos más controversiales de la provincia, y se suma a una lista de encubridores que se alarga cada vez más.

La impunidad tiene muchos rostros

En diciembre de 2021, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por los jueces Wendy Kassar, Fernanda Bahler y Raúl Cardozo, condenó a seis años de prisión por encubrimiento agravado al exfiscal Carlos Albaca, quien pasó a la historia como el primer fiscal tucumano en ser condenado por irregularidades en su labor como funcionario judicial.

Albaca había llegado a juicio oral y público acusado de los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”, en el marco de la causa por el crimen de Paulina. En total, al exfiscal se le imputaron 11 hechos vinculados a pistas que no siguió, a pericias que no se hicieron y a testimonios y evidencias que no se recabaron y se perdieron.

Antes que Albaca, por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos también fueron condenados el ex secretario de Seguridad de la provincia durante la gestión de José Alperovich, Eduardo di Lella; el exjefe de Policía, Hugo Sánchez; el ex subjefe de la fuerza, Luis Nicolás Barrera; el exjefe de la Regional Norte de la Policía, Héctor Rubén Brito, y el ex agente Hugo Waldino Rodríguez.

En 2013, en el primero de los 3 juicios desarrollados hasta el momento (sin contar el abreviado de Mercado), fueron condenados el excomisario de la dependencia de Raco, Enrique García, y los agentes Manuel Yapura y Roberto Lencina. En particular, García -quien luego sería ascendido en la Fuerza- y Yapura fueron considerados culpables de haber adulterado actas y firmas durante la investigación del crimen de Lebbos. En tanto que Lencina fue condenado por el delito de falsedad ideológica.

En cuanto a la investigación por el crimen, en febrero de 2020, el Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió abrir una causa contra César Soto, como presunto autor del crimen, y Sergio Kaleñuk, hijo de un exsecretario de José Alperovich, por encubrimiento. En 2021, y al borde de la prescripción por paso del tiempo, el fiscal Carlos Sale los imputó. Tras varios años de investigación, la causa finalmente llegará a juicio en marzo próximo.