En ronda de prensa, la titular de Gobierno y Justicia hizo referencia a “los fundamentos jurídicos a los que se ajustó el Poder Ejecutivo (PE)” para aceptar la renuncia de Pisa, el juez denunciado por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad en contra de Mauricio Parada Parejas, el hombre que fue denunciado en reiteradas oportunidades por un constante acoso y hostigamiento a Paola Tacacho, a quien mató de varias puñaladas y luego se quitó la vida.

Según Vargas Aignasse, “los hechos de violencia, los femicidios, nos interpelan a todos los tucumanos, a todos los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. Esto no compele a que estas cosas dejen de suceder, y al Estado le obliga a proveer herramientas, leyes y políticas públicas que ayuden a prevenir y eliminar todo tipo de violencias”, manifestó la ministra.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo que la aceptación de la renuncia de Pisa se basa en una normativa judicial plasmada en una jurisprudencia existente. “Ya hemos tenido casos similares donde el juez renunciante -a quien no se le ha sido aceptada la renuncia condicionada- se la ha cuestionado judicialmente”, dijo.

Y detalló: “Es fallo de la Cámara Contencioso Administrativa y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con los fallos ‘Piedrabuena y Herrera Molina’, lo que ha dictado el camino en esta difícil decisión que ha tenido que tomar el gobernador Juan Manzur”.

Alberto Piedrabuena y Andrés Molina habían quedado al borde del Juicio Político por su actuación en el caso Marita Verón, luego de haber sobreseído a todos los imputados, una decisión que fue revertida por la Corte Suprema de Justicia. En igual situación se encontraba el otro integrante del Tribunal, Eduardo Romero Lazcano, quien sí llegó a ser sometido al Jury. Los primero dos se acogieron a la jubilación con el 82% móvil y el tercero aún está en funciones.

Asimismo, remarcó que “la decisión se basa en que, cuando ocurrió esta situación muy similar a la del juez Pisa, el Estado provincial ha sido condenado, se han tenido que anular los decretos que rechazaban la jubilación condicionada y el Poder Judicial le ordenó a la Provincia a aceptar la renuncia condicionada”, explicó Vargas Aignasse.

La ministra remarcó que “hay un andamiaje constitucional y normativo muy importante donde se declara inalienable el derecho a la jubilación” dijo y agregó: “es importante que la sociedad comprenda que, en esta instancia de la decisión, el PE no está juzgando la conducta del magistrado porque esa herramienta no le corresponde”.

Y cerró: “nos duele lo que pasó con Paola, acompañamos a su familia en esta difícil situación que están pasando, y como Estado hacemos el compromiso de seguir trabajando para evitar que estos hechos sigan ocurriendo”.