Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola continúan con los alegatos del juicio oral y público en el que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Hay trece imputados de la causa, entre los que se encuentra Báez, la actual vicepresidenta y otros ex funcionarios públicos.

El fiscal sostuvo que es imposible que la responsabilidad no fuera de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. “Se ha corroborado que la decisión dependió de los ex jefes de Estado. Constituyó un aporte doloso que permitió los llamados a licitación y el flujo de fondos”.

Entonces, citó una carta abierta de la actual vicepresidenta a través de un artículo del medio Página 12 para ejemplificar su punto. “Si algo tengo en claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone y mantiene funcionarios”.

“No es fácticamente posible que no prime la opinión de cualquier otra persona que no sea el Presidente a la hora de las decisiones”, concluye.

Por otro lado, Mola advirtió acerca de un “fuerte conflicto de intereses”. “La decisión de invertir sostenidamente en el tiempo fondos en Santa Cruz, más allá de la necesidad de las obras, fue por la decisión de apoderarse de manera ilegal de parte de esos fondos”.

“La beneficiaria de parte de esos fondos fue la imputada Cristina Fernández”, alegó. Además, dijo que los negocios entre Báez y los ex presidentes “demuestra el constante flujo de dinero que se canalizó”.

Luego de un nuevo cuarto intermedio, el fiscal Mola retomó los alegatos y se basó en “analizar el tipo penal que pone como principal perjudicada a la administración pública”.

“Hemos corroborado un claro perjuicio a los intereses del Estado”, subrayó, mientras que consideró que desde las máximas autoridades se violó el principio de la correcta administración.

“Todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner”, destacó el fiscal al analizar las funciones que presuntamente cumplían los acusados.

“Hubo voluntad de cumplir todos los roles asignados para llevar a cabo el plan criminal”, agregó, al mismo tiempo que especificó que se mantuvieron en sus “respectivos cargos durante 12 años” para continuar con el fraude.

“La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández como presidenta de la asociación, con autoridad sobre otros miembros”, señaló Luciani. Cuando Austral Construcciones estaba por cerrar, el funcionario judicial dijo que “la señora digitó celosamente el plan limpiar todo”, haciendo referencia a cómo la llamó José López en sus chats.

Según Luciani, los ex Presidentes buscaron ​”convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Al denunciar el lavado de dinero explicó que fue posible gracias a un “esquema de reciclaje” para “instrumentar maniobras a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.

“Esta etapa de reciclaje se concretó en los casos de Los Sauces y Hotesur y no desconocemos la decisión por mayoría del Tribunal de sobreseer a los acusados en esos casos de lavado de dinero, pero no está firme porque el Ministerio Público Fiscal lo impidió”, mencionó.

La audiencia de alegatos se reanudó a las 14 horas de este viernes después de media hora de cuarto intermedio. Al volver, el fiscal Diego Luciani se enfocó en justificar la elección de la calificación de “asociación ilícita” para los acusados, principalmente Cristina Kirchner. “Formaron una asociación criminal”, dijo sobre los imputados.

“No se exige una permanencia absoluta con plazos determinados para que exista la asociación ilícita”, dijo el fiscal en su desarrollo teórico sobre la figura.

Se trata de una de las figuras más cuestionadas por quienes critican la realización del juicio, en particular desde los referentes jurídicos del kirchnerismo. Sin embargo, el fiscal citó jurisprudencia internacional que avala la aplicación.

Una vez que terminó con la explicación volvió al caso concreto y disparó: “Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti y Lázaro Báez instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte en ella”.

De acuerdo al fiscal, esa “matriz” se formó con “roles definidos y estratégicos” y que estuvo en pie “de manera sostenida e ininterrumpida por 12 años”, desde el 8 de mayo del 2003, cuando se creó Austral Construcciones, hasta el 9 de diciembre de 2015.

“Según la prueba analizada en el alegato, no se hubiera podido operar sin la orden, la complacencia ni la cobertura de los ex presidentes”, insistió en relación a Néstor y Cristina Kirchner.

“López tenía un acuerdo con Cristina Kirchner para beneficiar a Báez”.