La Justicia Federal dio un golpe a una presunta estructura de lavado de activos con ramificaciones en Tucumán y detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una maniobra financiera que habría permitido blanquear alrededor de US$14 millones provenientes de actividades ilícitas vinculadas al Comando Vermelho, la organización criminal de origen brasileño considerada una de las más poderosas de Sudamérica.

La causa, que no registra antecedentes de esta magnitud en el NOA, es impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, quien logró reunir elementos que, según la investigación, vinculan a residentes tucumanos con la red internacional dedicada al lavado de dinero.

La pesquisa se desprende de la denominada “Operación Crypto”, una investigación encabezada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, que permitió desarticular una compleja estructura financiera con operaciones en distintos países.

Según la investigación, el ciudadano brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, actualmente prófugo, habría liderado una organización dedicada a dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. En una etapa anterior de la causa se estimó que esa red habría lavado alrededor de US$500 millones.

A partir de esa investigación nacional surgieron indicios sobre operaciones realizadas en Tucumán, lo que motivó el envío de actuaciones a la Justicia Federal de la provincia para profundizar la pesquisa.

Con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, la Fiscalía reconstruyó el presunto circuito utilizado para mover el dinero.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, dos jóvenes menores de 25 años habrían utilizado las identidades de sus madres para ingresar al sistema financiero cerca de US$14 millones, mediante operaciones con plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y entidades bancarias tradicionales. Por tratarse de una investigación en curso, sus identidades no fueron difundidas.

Los investigadores detectaron inconsistencias entre el volumen de dinero operado y la capacidad económica declarada por los involucrados, un elemento que reforzó las sospechas sobre el origen ilícito de los fondos.

La maniobra habría consistido en recibir el dinero, fragmentarlo mediante distintas operaciones financieras y realizar transacciones con criptomonedas, para luego redireccionarlo hacia el presunto beneficiario final, identificado como Alves de Sousa.

En febrero de este año, el fiscal Chit solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes vinculados a la investigación. Como resultado, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de US$208.693, además del embargo de ocho participaciones societarias —siete radicadas en el exterior—, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios de ellos ubicados fuera del país.

Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la Fiscalía pidió la realización de allanamientos, que fueron ejecutados en los últimos días por la División Antilavado de la Policía Federal Argentina.

Como resultado del operativo, tres sospechosos fueron detenidos, mientras que un cuarto se presentó voluntariamente al enterarse de que existía un pedido de captura en su contra. Durante los procedimientos también se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la causa.

Los cuatro acusados comenzaron a ser indagados en la Justicia Federal y será el juez Guillermo Díaz Martínez quien, una vez concluidas las declaraciones, resuelva su situación procesal.