La reelección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica de Madrid el pasado mes de mayo supuso una victoria contundente para los conservadores del PP, que ha visto cómo su popularidad se reducía en la última década debido a los escándalos de corrupción y a la creciente fragmentación política de España.

Ayuso duplicó con creces sus escaños en la asamblea autonómica respecto de las elecciones anteriores, imponiéndose con una campaña a base de rechazar el cierre de bares y tiendas durante la pandemia del COVID-19, a pesar de que el PP estaba muy por detrás de los socialistas en las encuestas de opinión nacionales.

Ahora Ayuso dice que la dirección del PP ha intentado reunir pruebas de corrupción contra ella y su hermano por un contrato de compra de mascarillas en las primeras fases de la pandemia.

Ayuso ha acusado a acusado a su partido de querer desprestigiarla “políticamente y personalmente”.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, negó que exista una investigación sobre Ayuso, a quien acusó de emprender una “campaña masiva de ataques, infundios y calumnias” contra la dirección del partido. Sin embargo, Egea dijo que el partido está estudiando posibles acciones legales por sus comentarios.

La ruptura interna podría reducir aún más la base de votantes del PP y beneficiar a la ultraderecha de Vox, que es la tercera fuerza en el Parlamento español.

“Los votantes tienden a castigar las divisiones internas de los partidos. En un contexto en el que el PP compite con Vox, esto es especialmente delicado para el partido”, dijo el politólogo Pablo Simón, de la Universidad Carlos III de Madrid.