El clima en Avellaneda está convulsionado. Ayer jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini fue clausurado por orden judicial, tras los violentos incidentes ocurridos el miércoles por la noche durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

La medida deja al Rojo sin poder jugar como local el próximo domingo a las 20.30, cuando debía recibir a Platense, actual campeón del fútbol argentino, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

“El fiscal ya pidió la clausura del estadio porque hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna y habrá que hacer pericias. El domingo no va a jugar en su estadio”, anticipó Alonso en diálogo con Radio 10. El funcionario explicó que la investigación judicial ya está en marcha y que los hinchas identificados —argentinos y chilenos— quedaron imputados en 20 causas diferentes. Algunos recuperaron la libertad debido a que los cargos son excarcelables, pero en el caso de los simpatizantes del Rojo que participaron de las agresiones más graves, podrían enfrentar imputaciones por tentativa de homicidio.

Alonso también defendió el accionar policial y apuntó directamente contra Independiente y la Conmebol por la mala organización del evento. “La policía no puede ingresar a los estadios en los partidos de Conmebol. La seguridad interna estaba a cargo de la empresa privada que contrató Independiente, pero cuando empezó el partido había sólo cinco efectivos para 2.600 personas”, denunció. Además, reveló que durante los disturbios la Bonaerense sugirió suspender el partido en el primer tiempo, pero la organización no accedió.

Mientras tanto, la AFA y la Liga Profesional deberán definir en las próximas horas dónde hará de local Independiente frente a Platense. La clausura del estadio podría extenderse si la Justicia determina que las pericias y reparaciones demandan más tiempo, lo que complicaría la planificación deportiva del equipo de Avellaneda.