El juez federal Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, otros ex funcionarios y empresarios que habían sido imputados por irregularidades en la compra de alimentos por parte de esa cartera, al comienzo de la pandemia por el coronavirus.

Por “inexistencia de delito” y ante el pedido de sobreseimiento solicitado por el fiscal Guillermo Marijuán, el juez desvinculó a Daniel Arroyo y archivó la causa.

La denuncia era por supuestos sobreprecios, pero el fiscal concluyó que los valores, en la mayoría de las contrataciones, fueron semejantes a los precios testigos sugeridos por la SIGEN.

El juez, en virtud del principio acusatorio que exige que la investigación sea impulsada por el fiscal, argumentó que como Marijuán concluyo que no había delito se debe dictar sobreseimientos.

Para Marijuán, “no se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”.

Por ejemplo en el caso de la compra de fideos, el precio testigo era de $84.39 y el precio adjudicado fue de $84.77 y $85.76. Además en la compra de otros productos no superaban el 10%.

Esta causa se inició el día 20 de abril del año 2020, a raíz de la denuncia formulada por el Fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, con el objeto de que se investiguen posibles irregularidades que habrían acontecido en el marco de una serie de contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

El denunciante expuso que, de la compulsa efectuada sobre los diferentes expedientes administrativos involucrados, surgiría que las contrataciones fueron adjudicadas a un grupo reducido de empresas, las que -en su mayoría- cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación, y dejándose de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional, circunstancia que le provocaría un perjuicio económico al erario público.

También, hizo referencia a la existencia de ciertas irregularidades en la tramitación de los expedientes, donde consta la intervención que le cupo a cada uno de los funcionarios públicos representantes del Ministerio, destacando que las personas jurídicas que resultaron beneficiadas, formarían parte de grupos económicos vinculados entre sí.

El Ministerio de Desarrollo Social implementó el procedimiento de contratación directa por emergencia para la adquisición de los productos alimenticios: a) Aceite comestible de mezcla; b) Fideos semolados, c) Azúcar común tipo “A”, d) Lentejas secas, y e) Arroz pulido o arroz blanco tipo largo fino o mediano; según consta en cada uno de los expedientes anteriormente detallados.

Se estipuló que por razones de urgencia se aceptarían varias marcas por cada cotización realizada, el modo y lugar de entrega de los productos y se estableció que el pago se efectuaría dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente de la incorporación del Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios.

Sin embargo, advierte el denunciante que los procedimientos de contratación expuestos no fueron llevados a cabo en legal forma por los funcionarios del Ministerio, habiendo permitido distintas irregularidades en su trámite que conllevaron a la afectación del proceso de compras.

“Considero que nos encontramos ante la ausencia de elementos probatorios que permitan avanzar en torno a la hipótesis delictiva introducida en estos actuados”, concluyò el fiscal .

“No habiéndose corroborado la existencia de conducta delictiva en esta pesquisa es que habré de solicitar a V.S. que adopte un temperamento liberatorio con relación a la totalidad de los funcionarios públicos y representantes del sector privado aquí denunciados y, en consecuencia, disponga su sobreseimiento”, finalizó.