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28/04/2021

Condenan por estafa a exdirigentes de Central Norte de Embarcación

Se trata del presidente, la tesorera y el secretario del club, a quienes se les impusieron penas de dos y tres años de prisión, tareas comunitarias y donaciones.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación logró un fallo inédito en Salta en materia de fraude con planes sociales, que incluyó condenas, la asignación de tareas comunitarias y el cumplimiento de donaciones por parte de cuatro dirigentes deportivos del Club Atlético Central Norte, de la localidad de Embarcación.

El fiscal general Eduardo José Villalba, quien llevó adelante el caso, destacó el resultado arribado, pues se trató de una investigación compleja, tanto por la obtención de pruebas, la cantidad de las víctimas y el perjuicio a los beneficiarios y al Estado Nacional.

“La resolución a la que se arribó es para Salta, al menos, histórica, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto, donde estos tipos de casos demandaban años de proceso sin que el Estado obtuviera nada al final del camino, en cambio, en este caso y con el nuevo código en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias”, afirmó.

Estas medidas surgen del acuerdo presentado por las partes, a raíz del cual el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, dictó sentencia condenatoria en la audiencia de control de acusación seguida contra Jorge Moya, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Edith Romero, quienes integran la comisión directiva del club ubicado en el norte de la provincia.

En dicho acuerdo, el fiscal Villalba y la querella, a cargo de la abogada Verónica Viera, en representación de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establecieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff por el delito de fraude a la administración pública. Para Tarqui, en tanto, se dispuso una pena de dos años de prisión condicional por el mismo delito. En materia de reglas de conducta, y a pedido de la querella, se determinó que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo (de fórmula 1, 2, 3, o 4) de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana “Pata Pila”, con sede en Tartagal.

En cuanto a Romero, también imputada por ese tipo penal, se acordó una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, lapso en el que además de mantener un buen comportamiento deberá realizar tareas comunitarias en la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, donde prestará colaboración en tareas de cocina, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.

Aportes claves

El fiscal Villalba también señaló que la investigación y su posterior resultado es el producto del nuevo sistema de enjuiciamiento, que posibilitó que, desde un inicio, se trabaje conjuntamente y articuladamente con la fiscal Mángano, que intervino detectando las irregularidades, y el organismo administrativo ANSES, que posteriormente se constituyó como querellante y resultó en la audiencia de control de acusación un actor principal.

Asimismo, y para determinar el grado de afectación, el fiscal destacó el aporte realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), de la Procuración General de la Nación, a cargo de Judith König, quien a través de su equipo de trabajo elaboró un detallado informe respecto a la cantidad de tarjetas y pagos que fueron corrompidos.

También resaltó la tarea realizada por el equipo de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Roxana Gual. “La fiscalía estuvo presente en el escenario de los hechos, se tomaron numerosas declaraciones testimoniales y se recolectó numerosa prueba documental”. Entre ellas, señaló mensajes que los acusados se enviaban entre sí, mediante los cuales dejaron la huella del delito, pues allí daban órdenes de multas o tarjetas de beneficiarios que debían bloquear por falta de pago de los aportes que exigían.

Por último, el fiscal también agradeció el acompañamiento de la ANSES a través de su representante legal, con la cual trabajaron para arribar al acuerdo presentado ante el juez, quien luego de verificar el consentimiento de las partes, finalmente dio por homologada las condenas y las reglas de conducta.

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