Dos hombres fueron condenados por fingir ser empleados de PAMI con el objetivo de estafar a jubilados y quedarse con sus bienes. Sin embargo, y pese a que uno de los ancianos fue hallado viviendo con ellos en condiciones miserables, fueron absueltos por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada.

La Justicia halló culpable a Diego Hugo Córdoba y Federico Nicolás Córdoba de los delitos de estafas reiteradas. El primero, deberá purgar seis años y diez meses de prisión por haber actuado contra cuatro víctimas, mientras el segundo permanecerá en libertad porque le impusieron una pena baja: sólo dos años de prisión.

De acuerdo a la acusación, los Córdoba se presentaban como empleados de PAMI y se ganaban la confianza de los jubilados, ofreciéndoles favores, tareas de cuidado y facilitación de trámites. Una vez logrado el objetivo, se apoderaban de sus bienes.

Si bien el caso se conoció cuando la Policía rescató a un anciano que los estafadores tenían viviendo en su propiedad en condiciones deplorables, en un primer momento la justicia consideró que los jubilados les cedían voluntariamente sus bienes, por lo que los dejó en libertad. Sin embargo, al avanzar la investigación, la Fiscalía de Delitos Complejos logró probar que los acusados no eran empleados de PAMI y tenían como únicos ingresos para vivir el dinero de los jubilados.

Los hechos imputados fueron los siguientes:

1.- “Los hermanos Córdoba, haciéndose pasar por empleados de PAMI y simulando ser enfermeros, se presentaron ante una mujer y se ofrecieron para ayudarla con su abuelo de 83 años que se encuentra en silla de ruedas, en la realización de trámites para la obtención de medicamentos en el PAMI, llevarlo a las consultas médicas y a cobrar su jubilación. Para ello, y mediante engaños, generaron un vínculo de confianza a los fines de que el anciano les entregara poderes de administración y disposición de bienes. El 15 de mayo del 2024, se presentaron en la casa del abuelo, en Villa Alem, y tras manifestar que tenían que llevarlo al kinesiólogo, lo trasladaron a un domicilio en la localidad de los Quemados (Leales), sin informar a la familia. Lo mantuvieron oculto durante seis días y lo llevaron al banco para cobrar un plazo fijo por $ 11.784.112, apropiándose del dinero”.

2.- “Durante el 2023, los acusados comenzaron un acercamiento con una vecina de 76 años y ofrecieron ayudarla en asuntos jurídicos, cobro de deudas y realización de trámites en PAMI y en el banco. Para ello, se ganaron su confianza visitándola en su casa, llevándola en varias oportunidades a realizar trámites en PAMI y en el banco para que cobre su jubilación. También hablaron con un abogado sobre una sucesión que tiene, consiguiendo que la víctima les entregara $ 26.000 pesos para gestionar una deuda y otros montos por $ 870.000 para los trámites. En tanto que su hija les hizo transferencias por $ 246.500 para que le dieran a su madre, pero no le entregaron la totalidad, faltando $ 126.000”.

3.- “Los Córdoba son vecinos de un señor de 74 años y su esposa de 64, y desde aproximadamente octubre del 2023 comenzaron un acercamiento con ambos con la finalidad de ganarse su confianza. El hombre les comentó sobre un juicio por un accidente laboral y le ofrecieron ayudarlo garantizando que iba a cobrar $ 3.000.000. Para la gestión y el cobro, le pidieron $ 1.200.000. Los llevaron hasta el banco y tomaron dos préstamos (de $ 138.000 y $ 104.000). Además, la víctima sacó un préstamo de $ 200.000 con una vecina, plata que les entregó a los hermanos. Asimismo, uno de los acusados se presentó en la casa de una prestamista y, haciéndole creer que había sido enviado por el señor, tomó un préstamo por $ 100.000, quedándose con la plata”.

En un juicio que terminó ayer, la Justicia consideró que las pruebas no eran suficientes para entender que lo habían secuestrado y resolvió absolverlos de ese delito por el beneficio de la duda.

Sin embargo, ordenó el secuestro de la camioneta en la que los delincuentes trasladaban a sus víctimas. El vehículo será puesto a disposición de una entidad de bien publico a determinar.