Ayer viernes 24 de mayo se realizó una audiencia con el objeto de exponer un convenio de juicio abreviado. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Estafas y Usurpaciones del Ministerio Fiscal, que conduce Mariano Fernández, quien intervino junto a la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio. La instrucción del caso estuvo a cargo de Justina Delaporte.

La imputada, de 56 años, tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. La misma deberá abonar $4.000.000 en concepto de reparación, los que serán distribuidos por la Unidad Fiscal de manera ajustada al perjuicio sufrido a cada una de las víctimas, quienes en su mayoría manifestaron su conformidad con los términos del procedimiento. En tanto, durante la audiencia se agregaron tres nuevos hechos.

La imputada fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de condena condicional, como autora penalmente responsable del delito de estafas reiteradas en 15 oportunidades. La jueza interviniente hizo lugar a los términos del acuerdo al que arribaron las partes.

También se dispuso la realización de tareas comunitarias por parte de la condena por el plazo de 12 meses; además de una serie de reglas de conducta que deberá cumplir.

“Las víctimas aportaron documentación que la imputada les había entregado como parte del ardid y engaño de que el IPV les adjudicaría una vivienda, como ser acta de adjudicación de viviendas. También aportaron recibos de dinero donde constan las sumas dinerarias entregadas por las víctimas a la acusada”, señaló la auxiliar de fiscal Bellomio.

De acuerdo a la acusación, los hechos fueron cometidos entre 2019 y 2022, cuando la imputada captó a las víctimas con la promesa de armarles una carpeta o legajo que haría ingresar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), porque tenía conocidos allí, asegurándoles que en unos pocos meses les haría entregar de una vivienda en Lomas de Tafí, bajo la contraprestación de sumas de dinero, perjudicándolos patrimonialmente.