El escándalo institucional que sacudió a la fuerza de seguridad provincial llegó a su fin en los tribunales. El ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán (50), fue condenado a la pena de tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo por utilizar a reclusos para realizar trabajos de albañilería en su vivienda de veraneo particular en El Cadillal.

La condena se dio a través de un convenio de juicio abreviado homologado por un juez, donde el excomisario general admitió su culpabilidad.

Los cargos en su contra fueron contundentes: peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (como autor), y falsificación de instrumento público (como coautor).

Además de la pena de prisión, la Justicia dictaminó:

Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier cargo público.
Reparación económica a favor del Estado mediante el decomiso de un vehículo cuatriciclo de su propiedad.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, estuvo representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga, quien detalló los graves agravantes del caso.

El funcionario judicial explicó que Beltrán se valió de su alta posición jerárquica para montar un esquema irregular: disponía el traslado de detenidos desde sus comisarías de origen hacia la sede de la URN (ubicada en calles 9 de Julio y Monteagudo, en Tafí Viejo), sin ningún tipo de arresto formal ni control de un juez.

Desde allí, los reclusos eran utilizados para realizar trabajos de construcción tanto en la propia dependencia policial como en el domicilio particular del comisario en El Cadillal. Para lograr este cometido, utilizó recursos del Estado: desvió de su finalidad pública un móvil policial asignado a su jefatura, consumió combustible oficial y usó la estructura operativa de la URN para satisfacer sus intereses privados.

“La gravedad institucional del hecho y el abuso de su función pública tornan inadecuada una pena de ejecución condicional”, argumentó Lizárraga para justificar que la condena sea de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Registros falsos y la teoría del caso
La investigación comprobó que los hechos ocurrieron entre los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025. Beltrán trasladó a cuatro detenidos que debían estar alojados en las dependencias de Chuscha (tres de ellos) y Choromoro (el restante) hacia Tafí Viejo, ocultando estos movimientos en los libros de guardia.

El caso quedó al descubierto por los registros del martes 11 de noviembre de 2025. Ese día, en complicidad con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira, Beltrán ordenó insertar información falsa en el libro de guardia.

Anotaron que a las 10:20 horas salía un móvil trasladando a dos de los condenados (de 45 y 47 años) hacia el arresto de la comisaría de Chuscha. Sin embargo, la camioneta se dirigió directamente al inmueble en construcción del ex jefe policial en El Cadillal, lugar que se encontraba sin moradores y donde los presos trabajaban como albañiles para él.

El arrepentimiento final
Antes de que el juez resolviera homologar el acuerdo y dictar la sentencia, Gustavo Beltrán hizo uso de la palabra para dirigirse a los presentes en la sala.

“Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”, expresó el ahora excomisario condenado.