Política

Córdoba: denunciarán a empleados judiciales que fueron a trabajar sin vacunarse

Córdoba: denunciarán a empleados judiciales que fueron a trabajar sin vacunarse
En el regreso a la presencialidad en los tribunales de Córdoba un pequeño grupo de trabajadores rechaza vacunarse y someterse a tests PCR cada 72 horas.

El Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, confirmó este miércoles que denunciarán penalmente a quienes se presentaron a trabajar en tribunales de la ciudad de Córdoba sin estar vacunados.

“Hay algunas personas que incluso labrando acta han ingresado, aun cuando se les ordenó que se retiren, y se han instalado en su oficina a trabajar, no estando vacunadas”, explicó Rosemberg a Cadena 3.

Detalló que otras personas se presentaron con escribanos, pero no ingresaron y fueron licenciadas sin goce de sueldo tras labrárseles un acta.

Entre ambos episodios representan un grupo de aproximadamente 14 empleados judiciales de Córdoba que quieren regresar a la presencialidad pero se niegan a inocularse contra el coronavirus Covid-19 y además, tampoco quieren hacerse la prueba PCR cada 72 horas, en caso de no vacunarse.

Para el Tribunal Superior de Justicia, esta situación genera factores de riesgo. Mientras, deberá resolver el recurso de reconsideración que presentaron los empleados.

Silvana María Chiapero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, expresó, mediante una carta su “preocupación” por la decisión del máximo tribunal de exigir a los trabajadores judiciales haberse vacunado o someterse a un test PCR cada tres días para poder trabajar.

“Omite contemplar la situación de aquellos agentes que, desde los comienzos de la emergencia sanitaria, libre y voluntariamente, han concurrido a prestar servicio en forma presencial con los debidos cuidados, optando por no vacunarse, habida cuenta el carácter experimental de las vacunas que se suministran en el país en general y en el ámbito de la Provincia de Córdoba en particular”, señala el texto.

“La mencionada Acordada en su interpretación literal obliga a los agentes que se encuentren en tal situación a acreditar su estado de salud con un test o práctica invasiva (PCR u otras similares) cada 72 horas y a su costo, cuando hasta el presente solo se ha requerido en casos con síntomas o contactos estrechos, incluso en circunstancias de mayor circulación viral y menos vacunados. La otra opción consiste en solicitar licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado”, añade el escrito.

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