La vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo ayer martes por la tarde en la Cámara alta una reunión con senadores y diputados que integran los bloques del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, del que participaron los jefes de bancada y la mayoría de sus integrantes.

El encuentro comenzó pasadas las 17.30, cuando la Presidenta del Senado ingresó al Salón Azul del Congreso, en el que ya estaban sentados esperándola más de un centenar de legisladores.

Poco antes de las 17 fueron ingresando al lugar los legisladores, encabezados por sus jefes de bancada: el diputado Germán Martínez y los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Una de las primeras en ingresar fue la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien, al igual que el resto de los invitados al encuentro, debió dejar su celular en la puerta del Salón Azul.

Fuerte respaldo a Cristina Kirchner

“El proceso es una mentira”, dijo el formoseño Mayans al terminar el encuentro, en declaraciones ante la prensa acreditada en el Congreso. El legislador agregó que “no se puede decir que esta sea una justicia con prestigio y de representación independiente”.

El senador destacó, además, que “hay causas que toman una velocidad impresionante y hay otras que se caen estrepitosamente”.

“Hoy le dimos un respaldo explícito a la vicepresidenta”, subrayó el jefe del interbloque del Frente de Todos del Senado y agregó que “ellos (en relación con un sector del Poder Judicial) quieren dañar al sistema borrando todo lo que hizo el gobierno anterior”.

A su turno, la diputada porteña Silvia Penacca resaltó que “se realizó una demostración de apoyo, de cariño y de afecto” a Fernández de Kirchner.

“El partido judicial la quiere proscribir a ella y al peronismo, así como a cualquier candidato surgido del campo popular”, sentenció.

Por su parte, el senador tucumano Pablo Yedlin describió a la reunión como “importante”, al tiempo que puntualizó que “la justicia no es imparcial”, y remarcó: “Se evaluó, al menos para nosotros y hasta que hable la defensa, que las pruebas presentadas no suman para una condena”.

Finalmente, Yedlin replicó que “los doce años de condena” pedidos por el fiscal federal Diego Luciani “pretenden ser un castigo político al movimiento nacional y popular”.