En tribunales penales tomó impulso una de las denuncias por presuntas irregularidades en las entregas de viviendas sociales en Tucumán, en los últimos 10 años.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos Complejos de la capital, a cargo de Mariano Fernández, envió en marzo un oficio para solicitar al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu) informes sobre la entrega de unidades construidas bajo el marco legal de los programas Federal de Villas y Asentamientos Precarios y obras de infraestructura, nexos, y obras complementarias; y del Programa Federal Techo Digno.

El oficio del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio impulso a una causa que data de 2019 por probable malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque no se descarta que en la investigación se pueda advertir acciones de este organismo y otras áreas del Gobierno para direccionar o beneficiar a determinadas personas en la entrega de casas dentro de las 2.500 unidades del complejo habitacional “Manantial Sur”, en la zona suroeste del Gran San Miguel de Tucumán.

El ente gubernamental, a cargo de Nora Belloni en la actualidad, respondió la comunicación judicial y se espera que la unidad fiscal comience a evaluar la consistencia de los datos recibidos, tanto las pruebas presentadas en la denuncia como la respuesta del Ipvydu, para poder determinar cómo se había desarrollado la distribución de las viviendas de “Manantial Sur” durante la gestión de la entonces interventora Noemí Ferrioli -figura como denunciada

Esta última funcionaria había reemplazado a Gustavo Durán, a cargo de esa repartición durante 15 años de manera ininterrumpida (gestiones de José Alperovich y Juan Manzur).

En esta etapa, el fiscal definirá si corresponde o no avanzar en la causa penal. En la denuncia también figuran como posibles responsables el mismo Manzur y otros sectores del Poder Ejecutivo (PE).