La enfermera de un sanatorio privado denunció que personajes inescrupulosos falsificaron su firma y realizaron operaciones con una tarjeta de crédito que desconoce, en más de $ 40.000, y cuyo pago ahora le es exigido y descontado de sus haberes.

Al parecer, la víctima sólo se maneja de contado y sería muy cuidadosa y detallista en sus haberes. Habría notado una importante reducción correspondiente a un banco por una tarjeta. Fue a reclamar a los propietarios del sanatorio del porqué de la baja de sus ingresos y le informaron que enfrentaba erogaciones por más de $ 40.000 por compras con dinero plástico.

La víctima

La denunciante es R.E.P, de 51 años, con residencia en el Bº Cáceres. Según la investigación que impulsa la fiscal Celia Mussi, la damnificada informó que nunca solicitó y menos retiró una tarjeta de crédito del Banco Santander Río.

Con ella, alguien habría defraudado a la damnificada con los siguientes montos: $ 23.000 en compras de un corralón; más tres operaciones en una casa de venta de equipos de audio por $ 6.000, $ 18.000 y $ 6.900.

Hasta ahora, la funcionaria habría recibido testimoniales diversas. En una, el empleado del comercio que entregó la tarjeta de crédito habría indicado que el plástico fue llevado a calle 24 Septiembre donde funciona la entidad crediticia.

Detenido y usura

Asimismo, habría sido detenido el hombre que retiró el material de construcción, y ya quedó libre. Éste habría subrayado que lo envió al lugar un usurero. Al ser interrogado, el sujeto habría manifestado que no es excepcional que la identidad y DNI de un particular sea de conocimiento en el universo de prestamistas.

No es todo. La fiscal también habría secuestrado el comprobante de la supuesta compra atribuida a la víctima, es de un postnet del comercio con una firma supuestamente de la víctima, pero que a simple vista no correspondería a su puño y letra.

Citaciones

Por lo pronto, fueron citados los empleados del comercio y se hizo levantamiento de cuerpo de escritura.

El dilema de la fiscal Mussi se traduce en interrogantes sin respuestas: ¿Quién firmó el postner? ¿Cuál fue el destino de la mercadería? ¿Quién la retiró? ¿Qué empleado constató que la víctima concurrió al comercio?

Hasta entonces, la funcionaria escuchará a otros testigos y la invadiría la inequívoca sensación de que muchos verbalizan verdades a medias.

Por su parte, la enfermera intenta articular un medio judicial que contenga, impongan un freno, a las interminables cuotas hasta amortizar los más de $ 40.000 adeudados.