La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno y, tras introducir modificaciones al texto original, el proyecto deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su revisión.
La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados como PRO, UCR, MID y espacios provinciales vinculados a distintos gobernadores. El rechazo se concentró principalmente en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte del interbloque Provincias Unidas.
Entre los cambios introducidos se destaca la eliminación del artículo 44, que hacía referencia a licencias médicas por enfermedades, lo que obligará a la Cámara Alta a analizar nuevamente el proyecto en comisiones.
Un debate atravesado por tensiones
La sesión comenzó con fuertes cruces entre oficialismo y oposición por el plan de labor parlamentaria que fijó los tiempos del debate y el esquema de votación por capítulos. El contrapunto expuso al presidente del cuerpo, Martín Menem, y al titular del bloque opositor, Germán Martínez, y marcó el clima del debate.
El miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, defendió el proyecto al sostener que las modificaciones buscan “fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación y garantizar protección y libertad para trabajadores y empresas”.
En la misma línea, la diputada libertaria Mercedes Llano argumentó que la reforma apunta a reducir la litigiosidad, combatir la informalidad y adaptar el marco laboral a nuevas modalidades de trabajo.
Presencia del Ejecutivo y respaldo oficial
Durante la sesión se hicieron presentes en el recinto funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem. Hacia el final del debate también se sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Santilli destacó que la ley busca impulsar el empleo privado formal y facilitar el paso de trabajadores desde la informalidad hacia el sistema registrado.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, el diputado sindical Sergio Palazzo cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) al advertir que podría afectar el sistema previsional y abaratar los despidos.
También el legislador Juan Marino rechazó el proyecto y lo vinculó con el cierre de empresas industriales, mientras que la diputada Mónica Frade criticó la escasa discusión parlamentaria y anticipó posibles planteos de inconstitucionalidad.
Desde Provincias Unidas, la radical jujeña María Inés Zigarán sostuvo que la reforma implica retrocesos, especialmente en materia de licencias familiares y derechos laborales vinculados a las mujeres.
Apoyo del PRO y la UCR
El diputado del PRO Fernando de Andreis defendió el acompañamiento de su bloque al considerar que la norma mejora el marco laboral vigente, aunque planteó que deben avanzarse reformas tributarias complementarias.
Por su parte, el radical correntino Diógenes González afirmó que la reforma beneficiará especialmente a las pymes, responsables de la mayor parte del empleo privado del país.
Protestas y clima social
Mientras se desarrollaba el debate, organizaciones sindicales realizaron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso en el marco del paro general. El gremio parlamentario APL, conducido por Norberto Di Próspero, dispuso una guardia mínima para garantizar el funcionamiento del Parlamento.
Los puntos centrales de la reforma
El proyecto redefine el cálculo indemnizatorio tomando como base la mejor remuneración mensual habitual, excluyendo adicionales extraordinarios. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales, que funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
También se habilita el pago de sentencias laborales en cuotas, con plazos diferenciados según el tamaño de la empresa.
Con la media sanción en Diputados, la reforma laboral vuelve ahora al Senado, donde se abrirá una nueva etapa de negociación política que definirá el futuro de uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno.
