La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.

El oficialismo logró reunir el respaldo de sus aliados para avanzar con la iniciativa, que contempla modificaciones en el régimen de expropiaciones del Estado y los procedimientos de desalojo. Sin embargo, el texto sufrió cambios importantes durante su tratamiento, entre ellos la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Debido a estas modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado, donde había obtenido media sanción el pasado 6 de agosto, para que la Cámara alta se pronuncie sobre los cambios introducidos antes de su eventual sanción definitiva.

Qué cambia con la Ley de Propiedad Privada

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone una serie de reformas destinadas a modificar las condiciones bajo las cuales el Estado puede intervenir sobre propiedades privadas.

Uno de los principales puntos es la modificación del régimen de expropiaciones, con nuevas condiciones para determinar las indemnizaciones que debe afrontar el Estado cuando necesita adquirir compulsivamente un inmueble por razones de utilidad pública.

En términos generales, los cambios apuntan a elevar los costos de las expropiaciones y reforzar las garantías económicas de los propietarios.

Otro de los aspectos centrales está relacionado con los procedimientos de desalojo, ya que el proyecto contempla mecanismos para agilizar la restitución de inmuebles en casos de ocupaciones irregulares.

Se mantienen las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Uno de los cambios más relevantes incorporados durante las negociaciones parlamentarias fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales 26.737, cuya derogación había sido dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

La normativa establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% del territorio nacional y restricciones específicas por provincias y municipios.

La reincorporación de estas disposiciones fue producto de un acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores aliados, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical y el PRO.

Con esta modificación, el oficialismo consiguió los respaldos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados, aunque el cambio obliga a una nueva revisión por parte del Senado.