El 23 de abril de 2024, la comunidad educativa salió a las calles para repudiar el ajuste del gobierno de Javier Milei contra las universidades y constituyó una movilización masiva e histórica. Meses más tarde, el escenario se repitió el 2 de octubre, cuando el Congreso ya había aprobado la ley de financiamiento para las casas de altos estudios y la administración nacional amenazaba con vetarla. Ahora, por tercera vez desde el comienzo de la gestión libertaria, este miércoles se llevará a cabo una Marcha Federal Universitaria, en esta oportunidad, en rechazo al segundo veto ya concretado del Poder Ejecutivo contra la ampliación presupuestaria mientras la Cámara de diputados debatirá si revertir o no la decisión del Presidente.

“Frenemos a Milei. No al veto”, es el lema de la convocatoria impulsada por el Frente Sindical Universitario. El escenario del veto no sorprendió a ningún sector de la comunidad universitaria, quienes ya tenían preparada una respuesta. El 29 de agosto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) votó que convocaría a una nueva Marcha Federal si Milei cumplía su promesa. Tras conocerse el veto, los gremios, apoyados por los rectorados, confirmaron la medida.

La concentración comenzará a las 14.30 horas en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña y se espera que la manifestación hacia el Congreso parta a las 17.30 horas. A esta manifestación también se sumarán trabajadores del Hospital Garrahan ya que otra de las leyes vetadas por Milei fue la de Emergencia Pediátrica.

“Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Esta situación no es nueva, hace un año ambas cámaras del Congreso aprobaron una ley similar, que a pesar de contar con el apoyo de a comunidad universitaria y la sociedad, fue vetada”, afirmó Ricardo Gelpi, rector de la UBA, mientras que el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, agregó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.

La ley de Financiamiento Universitario prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que la institución atraviesa una “crisis presupuestaria sin precedentes”. En detalle, señalaron: “Desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250% mientras los salarios sólo aumentaron un 95%, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores. En la función educación, los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%. La situación es más crítica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica”.

A su vez, si bien el Presidente anunció este lunes durante la presentación del Presupuesto 2026 que las universidades recibirán $4,8 billones el próximo año, desde el CIN respondieron que esta asignación consolida el ajuste sobre el sistema universitario y científico. Explicaron que esa cifra solo implica “anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los $7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”. En ese sentido, alertaron: “Prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

La UBA precisó que el nuevo proyecto de Presupuesto no contempla la recomposición de los gastos de funcionamiento, la actualización de las becas estudiantiles, la reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada ni la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. “Medida en relación al PBI, la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”, agregaron.