Ayer jueves, a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, subrogada por Carlos Picón, se llevó a cabo un juicio abreviado donde la imputada asumió la responsabilidad penal.

De esta manera, se hizo viable el convenio acordado entre el MPF y las partes. En la audiencia, el auxiliar de fiscal, Ricardo Ybañez, se refirió a la calificación legal (tenencia ilegal de arma de guerra) y el pedido de dos años de prisión condicional para la mujer.

Entre las evidencias presentadas, la Unidad Especializada detalló el informe balístico que comprobó la operatividad del arma de fuego y lo arrojado a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que determinó que la mujer no estaba inscripta como legítima usuaria. El juez dispuso decomisar el arma y validó el acuerdo arribado.

La causa se inició el 3 de julio de este año, cuando en un allanamiento solicitado por la justicia federal en calle 5 (entre 4 y 6) de la localidad de San Pablo los efectivos encontraron escondida en un cajón, una pistola Taurus Trompia 9 mm, con 5 cartuchos 9 mm.

En esas circunstancias, el personal policial procedió a la aprehensión de la encartada y al secuestro del material.