El Poder Ejecutivo de la Provincia dispuso la exoneración definitiva del cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Ariel Gustavo Aráoz, luego de concluir de manera formal el sumario administrativo derivado de su participación directa en un grave hecho delictivo. La medida, dictada mediante el Decreto N° 1.336/7 (SES), convalida la sanción de expulsión solicitada por las máximas autoridades del área de seguridad tras registrarse una condena de cumplimiento efectivo contra el agente por un violento asalto cometido en marzo de 2023. La resolución oficial lleva las rúbricas del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y del secretario de Estado de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra.
Las actuaciones internas que derivaron en la expulsión del uniformado se originaron a partir del expediente administrativo N° 689/215-SG-2023. El proceso formal tuvo su puntapié inicial con la recepción del Oficio N° 18827 de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Centro Judicial Capital, mediante el cual se comunicaba al SPP la prisión preventiva impuesta al cabo Aráoz en la causa penal caratulada “Aráoz Ariel Gustavo – Aráoz Esteban Darío s/Robo agravado en banda en grado de tentativa – víctima: Bergamin Oscar Alberto”. A raíz de esta notificación judicial y de la enorme repercusión pública del asalto que involucró a miembros de las fuerzas, la Dirección General del Servicio Penitenciario dio inicio al sumario que inicialmente suspendió sus plazos a la espera del debate en los tribunales penales.
La situación procesal de Aráoz se complicó de forma definitiva tras la resolución judicial de fondo emitida por la Justicia provincial. Según consta de manera taxativa entre los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo, se dispuso condenar a Ariel Gustavo Aráoz por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, y por ser ejecutado por miembros integrantes de la fuerza policial y del servicio penitenciario, imponiéndosele la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas procesales por el hecho delictivo ocurrido el 8 de marzo de 2023.
Con la sentencia penal firme y luego de que el agente se abstuviera de declarar en el marco de la investigación interna y dejara vencer todos los plazos legales para ejercer su descargo reglamentario, la instrucción consideró totalmente acreditada la falta disciplinaria grave. De este modo, la Asesoría Letrada y la Dirección General del Servicio Penitenciario dictaminaron que correspondía aplicar la máxima sanción expulsiva contemplada en sus reglamentos, encuadrando su conducta en el artículo 20 inciso a) del Decreto N° 994/14 (SSG)-1981, el cual rige con fuerza de ley las faltas relativas a la condena judicial por delitos comunes.
Finalmente, contando con el dictamen favorable número 669 emitido por la Fiscalía de Estado, el Gobernador de la Provincia resolvió aplicar con todo el rigor normativo la destitución administrativa del ahora exuniformado. Con la firma de este decreto, el procedimiento administrativo interno quedó definitivamente clausurado, inhabilitando al condenado para volver a formar parte de cualquier área de la administración pública provincial o de las fuerzas de seguridad locales de cara al futuro.
