La embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baki, suscribió el convenio de adhesión al CIADI, adscrito al Banco Mundial, lo que “impulsará la generación de un entorno atractivo a las inversiones y competitivo para los negocios”, señaló la cartera en un comunicado.

Agregó que la adhesión “permitirá que Ecuador se encuentre con nuevos socios comerciales y fortalezca las relaciones con quienes ya mantiene alianzas” y tildó al organismo de “canal estratégico” para integrarse a la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú.

“Tras la firma del Convenio del CIADI, este ahora debe ser ratificado por el país para que entre en vigor para el Ecuador”, precisó el Centro en un comunicado.

El país regresa al CIADI luego de doce años. En julio 2009, el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) firmó un decreto mediante el cual formalizó el retiro de Quito de ese organismo de arbitraje internacional, al cual ingresó en 1986.

Entonces, Correa -duro crítico de los acuerdos de protección de inversiones- alegó que el acuerdo con el CIADI violaba un artículo constitucional que prohíbe “tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”.

La decisión del exgobernante no anuló las demandas de empresas extranjeras contra Ecuador presentadas con anterioridad al retiro. Recientemente, el CIADI ordenó a la nación andina a indemnizar con 374,4 millones de dólares a la petrolera anglofrancesa Perenco.

El país perdió con esa empresa un litigio, que inició en abril de 2008, por el aumento de 50% a 99% de su participación en las ganancias adicionales por el alza del precio del petróleo dispuesto por el gobierno de Correa. En principio, Perenco exigía el pago de 1.420 millones de dólares.

En 2017, el CIADI también condenó a Quito a pagar 337 millones de dólares a la estadounidense Burlington, que explotaba dos bloques conjuntamente con Perenco, y en 2015 a indemnizar unos 1.000 millones de dólares a Oxy de esa misma nacionalidad tras ser cancelado el contrato que le permitía extraer de la Amazonia ecuatoriana unos 100.000 barriles diarios de crudo.