El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy un préstamo para la Argentina de USD 500 millones de libre disponibilidad que contribuirán a engrosar el nivel de las reservas del Banco Central y cuyo desembolso está previsto en los próximos días, en un solo pago.

El objetivo del préstamo, que fue aprobado por unanimidad por todos los miembros del board del organismo, está orientado al fortalecimiento de la capacidad de la Argentina de planificar y financiar acciones climáticas. “Se trata de un claro ejemplo del compromiso de la Argentina con las políticas de combate al cambio climático que afecta dramáticamente la vida de las argentinas y argentinos, basta ver el ejemplo actual de la enorme sequía, pero también las inundaciones y otros graves fenómenos naturales”, sostuvieron fuentes del Ministerio de Economía, quienes destacaron que, dadas sus características, los USD 500 millones de desembolsarán en un solo pago a principios de diciembre, fortaleciendo las reservas.

Los fondos ingresarán al Tesoro Nacional para compensar gastos que ya se realizan para la mitigación del impacto del cambio climático. A diferencia de operaciones habituales del BID, este crédito no está atado a una obra como ocurre con los préstamos de inversión y sumará recursos al país en forma inmediata, al igual que lo ocurrido con el desembolso que destrabó el ministro Sergio Massa por USD 700 millones el mes pasado destinado a “la cobertura de necesidades de financiamiento de corto plazo, así como para proteger el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura, mientras se implementan reformas para reducir el déficit público, promover la estabilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad de la deuda”.

El préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años, con 5,5 años de gracia y una tasa de interés basada en SOFR (Secured Overnight Funding Rate, que los bancos utilizan para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares), según precisó el organismo multilateral en un comunicado.

La decisión aprobada ayer es la primera de dos operaciones consecutivas vinculadas técnicamente, pero financiadas en forma independiente, bajo la modalidad de préstamo programático en apoyo de reformas de política, las cuales están destinadas a vigorizar el crecimiento sostenible y resiliente del país.

Cambio climático

Estas reformas de política son clave para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de los sectores que generan 80% de ellas: energía, transporte, agricultura, ganadería y cambio de uso del suelo. Así, se busca apoyar la descarbonización de la economía y contribuir a la meta establecida por el gobierno para la reducción de las emisiones anuales de CO2, de 366 a 349 millones de toneladas métricas hacia 2030.

Como resultado del programa se contará con marcadores presupuestales climáticos en el presupuesto nacional, incluyendo una partida para la conservación de más de cuatro millones de hectáreas de bosques nativos y protegidos. Asimismo, se contribuirá a la generación y registro, en un plazo de dos años, de 32 proyectos en el nuevo Registro Nacional de Proyectos de Mitigación ante el Cambio Climático.

Como parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, se espera aumentar el número de proyectos de energía renovable y eficiencia energética apoyados, desde los actuales 17 a 160 para 2024, e incrementar sustancialmente la participación de energías renovables en la matriz energética nacional. En el aspecto financiero, se espera impulsar la emisión de bonos verdes, ampliar el número de bancos que emplean sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales para decidir la aprobación de sus operaciones, y aumentar la participación de fondos comunes de inversión que financian actividades con impacto significativo en algún aspecto social, ambiental, climático o de gobernanza.

En el área de manejo de residuos sólidos, la operación dará un fuerte impulso al reciclado de residuos urbanos, llevándolo de las actuales 0,9 a 1,3 millones de toneladas diarias en 2024, e incrementará sustancialmente el porcentaje de la población con acceso al sistema de recolección diferenciada.