La comisión de Labor Legislativa del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán definió el temario para la próxima sesión del cuerpo, que será este jueves 21 de agosto. En el encuentro, encabezado por el presidente Fernando Juri y del que participaron los presidentes de todos los bloques políticos del cuerpo, se estableció un Orden del Día que incluye el tratamiento de 23 proyectos de ordenanza y uno de resolución.
La mayoría de las iniciativas llegan con dictamen y no guardan demasiada polémica, por lo que se prevé un rápido avance de la sesión. El grueso del temario aborda cuestiones tales como un pedido de informe del patrimonio escultórico de la ciudad; rondas de agentes de la Patrulla de Protección Ciudadana en algunos barrios; instalación de semáforos; cambio de sentido de algunas calles; ampliación del recorrido de la línea 4; revalorización de plazas; y reparación y mantenimiento de calles.
Entre las ordenanzas que se intentará sancionar y que podría implicar manifestaciones de diverso tipo, figura la adhesión del Municipio a la ley provincial 9.852 que regula el uso del celular en el aula. La iniciativa, de autoría de Carlos Arnedo, llega con dictamen de la comisión de Educación, Cultura y Moralidad, pero aún resta su debate en la comisión de Salud y Adicciones.
En su artículo 1, la normativa que ya se encuentra vigente en las instituciones que dependen del Estado provincial establece que en los establecimientos educativos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares, solo pueden ser utilizados como herramienta pedagógica, con los alcances y modalidades que determine la Autoridad Educativa. “Cuando el alumno requiera, por razones de salud o discapacidad y previo conocimiento y autorización de la Autoridad Educativa, podrá contar con un dispositivo electrónico de comunicación”, reza el texto legal. Asimismo, se permitirá su uso para casos de emergencia médica o de seguridad.
Por otro lado, con la adhesión, el Municipio también se compromete a promover que en cada una de las comunidades educativas se ponga en debate el uso adecuado de los teléfonos celulares en el ámbito educativo y se adopte un marco regulatorio que permita utilizar las herramientas tecnológicas como una oportunidad para aprender en forma reflexiva, constructiva y dinámica.
En cuanto a las pautas mínimas para el marco regulatorio, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación de la Provincia y la Municipalidad deberá adecuarse a las medidas definidas por el mismo.
Para el final de la sesión se dejó un proyecto de resolución firmado por todos los integrandes del bloque oficialista, mediante el cual expresan su “más enérgico rechazo al desmantelamiento, reestructuración, precarización laboral y desfinanciación del Instituto Nacional de Tecnología Agroprecuaria (INTA)”.