Los titulares de los Juzgados en los que se aplicó la nueva modalidad en un primer momento, Dres. José Ignacio Dantur (Juez en lo Civil y Comercial Común de la IVª Nominación del Centro Judicial Capital) y Jesús Abel Lafuente (Juez en lo Civil y Comercial Común de la VIª Nominación del Centro Judicial Capital) coincidieron en asegurar que la digitalización trajo aparejados muchos beneficios tanto para los operadores jurídicos como para las partes en los procesos que se tramitan en las distintas unidades judiciales.

“Se ha mejorado sensiblemente el servicio de justicia, integrado no sólo por los jueces, sino también por los abogados y los auxiliares y sin cuya dedicación conjunta aquel no sería posible”, manifestó el Dr. Lafuente, quien destacó que las resistencias iniciales que mostraron los profesionales rápidamente cedieron cuando se evidenciaron las ventajas del nuevo sistema: “el expediente digital permite trabajar desde el estudio o casa sin necesidad de trasladarse con la inversión, ahora innecesaria, de tiempo y dinero que ello implica. Permite realizar pagos y consultar las actuaciones, presentar escritos en cualquier día y hora. Contar con más tiempo implica optimizar no solo el trabajo sino también el descanso necesario en toda actividad”.

En el mismo sentido, el Dr. Dantur resaltó: “Desde el punto de vista interno, implica un repensar de los procesos y de los sistemas de gestión judicial con el objetivo de eliminar tareas sin valor agregado. Esto importa una mayor eficiencia y eficacia en el proceso. También implicó transformaciones en los estudios jurídicos y en el quehacer cotidiano de los abogados y demás auxiliares de justicia. Y los cambios fueron para mejor: puso en valor la labor de los abogados, quienes hoy se han olvidado del traslado o movilización hacia las oficinas jurisdiccionales y no jurisdiccionales para la consulta de expedientes o con la finalidad de presentar escritos, oficios o cedulas”. “El proceso encarado requerirá una adaptación al cambio cultural por parte de todos los actores. Esto implica un gran esfuerzo, pero la magnitud de los beneficios para la ciudadanía bien lo vale. Su logro permite un mayor acceso a la justicia, disminuye los costos y reduce la duración de los procesos judiciales”, señaló.

Los Juzgados de Civil y Comercial Común de la IVª y de la VIª Nominación fueron las primeras oficinas jurisdiccionales en las que se aplicó plenamente el expediente judicial, tal como estaba previsto desde fines de 2019. Esto ocurrió en un marco de restricciones estrictas ordenadas por el Gobierno Nacional ante la pandemia de Covid-19, lo que llevó a que el cronograma de implementación en el resto de los juzgados y cámaras se acelerara. “Si bien la pandemia del Covid-19 puso en evidencia la necesidad urgente de dotar al Poder Judicial de la tecnología necesaria a fin de facilitar el trabajo vía remota tanto de empleados y funcionarios como así también de los auxiliares del sistema y de la ciudadanía toda, este proceso de transformación digital ya estaba dentro de la agenda del Poder Judicial desde mucho tiempo antes. Pero la irrupción del Covid-19 agilizó estrepitosamente los tiempos, no dejando margen para discusiones ni debates en torno a la conveniencia o no del expediente”, remarcó el Dr. Dantur. “El expediente digital no sólo evitó la paralización del servicio de justicia en medio de la pandemia sino que mejoró su desempeño: todo se hace más rápido y de manera más eficiente”, agregó el Dr. Lafuente.

Una transformación cultural y organizacional

El Dr. Dantur remarcó que el proceso de reestructuración y modernización del sistema judicial en su conjunto fue encarado por la Corte Suprema de Justicia años atrás, con el propósito de utilizar al máximo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para lograr una mejora en el servicio de justicia. “Poder llegar a la meta de un expediente judicial completamente digital es sin dudas un tránsito arduo y complejo, donde confluyen varios aspectos. Por un lado, la decisión política de nuestra Corte Suprema de Justicia, no solo en lo que respecta a aspectos reglamentarios sino también la asignación de los recursos respectivos para dotar a los órganos u unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la infraestructura tecnológica adecuada. Por otro lado, se dio un cambio o transformación cultural y organizacional en los jueces, funcionarios, agentes, litigantes, abogados y ciudadanía”, enumeró el titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la IVª Nominación.

“Se ha dicho que no se pueden esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo, y también que las especies que sobreviven son las que mejor se adaptan a los cambios. Todos los operadores del servicio de justicia (jueces, abogados, peritos, auxiliares) hemos hecho realidad estas expresiones. Hemos cambiado, adoptando la digitalización y la oralidad. Hemos dejado de hacer lo mismo para que el sistema cambie y nos hemos adaptado al cambio para sobrevivir, ahora a la pandemia, que con todo lo malo que nos trajo pasará. Pero nosotros seguiremos transitando este camino de adaptación y mejora constante que empezó hace un año pero que no tendrá fin”, concluyó el Dr. Lafuente.