El Gobierno pretende seguir adelante y no dar marcha atrás con la baja de aranceles de la importación de celulares, medida con impacto directo en los fabricantes de Tierra del Fuego, provincia que, a través de su gobernador Gustavo Melella, comenzó a emitir las primeras advertencias contra la Casa Rosada y puso como posibilidad latente la judicialización de la medida, que podría salir mañana vía decreto en el Boletín Oficial.

Durante las últimas horas, comenzaron a configurarse las primeras demostraciones de fuerza en la isla provincial. Por caso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició un paro por tiempo indeterminado y advierte que podría escalar, pero desde Buenos Aires los libertarios aseguran que la medida sigue su curso.

“Es la medida más popular que podemos hacer”, indicó un alto funcionario al referirse al decreto que saldrá mañana. En la conferencia del martes, el vocero presidencial Manuel Adorni había justificado la baja arancelaria al tildar de ridícula “la situación de gente que paga un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular en otro país, y aun así le sale más barato que comprarlo en Argentina”.

El anuncio consta de la eliminación gradual del arancel del 16% a la importación de celulares, con dos etapas: primero, bajar del 16 al 8% con efecto este viernes; y luego, eliminarlo por completo desde el 15 de enero de 2026.

Además, se reducirán los impuestos internos a celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%.

Hasta ahora, la Casa Rosada no había tocado medidas que afectaran directamente el régimen especial de Tierra del Fuego, un sistema que desde el Gobierno califican como “injusto” y un “curro”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió que estas medidas podrían tener un impacto negativo en el empleo fueguino a corto plazo, pero defendió la iniciativa como “un gran paso” hacia una economía más competitiva y diversificada.

Por su parte, el gobernador Gustavo Melella confirmó que judicializará la medida si se publica en el Boletín Oficial, advirtiendo sobre la pérdida de puestos de trabajo y recordando experiencias similares durante la gestión de Mauricio Macri.

El diálogo entre Tierra del Fuego y el Gobierno está roto. Desde la Gobernación indicaron que no fueron consultados ni respondidos por la Casa Rosada, y reclaman discutir un plan de desarrollo provincial para acceder a fondos para la industria.

El FMI también recomendó desregular las exenciones fiscales que benefician a Tierra del Fuego, señalando que generan inequidades en el sistema tributario y representan un costo fiscal de más de mil millones de dólares al año.