El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció ayer jueves que el Gobierno nacional ya envió al Congreso el proyecto de ley que apunta a regularizar activos no declarados y actualizar el marco legal en materia de delitos económicos. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y presentada por vía electrónica, propone modificar normativas clave de la Ley Penal Económica, con el foco puesto en facilitar el ingreso de ahorros informales al sistema sin sanciones retroactivas.

En diálogo con Radio La Red, Francos sostuvo que el texto contempla “cambios normativos en montos, prescripciones y garantías jurídicas” orientados a los ciudadanos que, a lo largo de los años, decidieron conservar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal por temor a la inestabilidad macroeconómica.

“La protección de los ahorros de los argentinos es el eje de este proyecto”, dijo Francos. En ese marco, el funcionario habló de regularizar “los dólares del colchón” y mencionó el caso de quienes, tras décadas de inflación, controles cambiarios y desconfianza institucional, optaron por preservar su dinero fuera de bancos o del radar impositivo.

El proyecto propone, entre otros puntos:

Elevar el monto a partir del cual la evasión se considera delito, actualmente fijado en $1,5 millones.
Reducir los plazos de prescripción de los delitos tributarios, lo que podría tener impacto tanto en causas abiertas como en la prevención futura.
Establecer un blindaje legal que proteja a quienes integren sus fondos al sistema frente a cambios normativos futuros.
Francos no confirmó si se trata de un blanqueo tradicional, pero reconoció que el espíritu del proyecto apunta a “legalizar ciertos comportamientos del pasado” y evitar sanciones basadas en normativas anteriores. Aunque no se dieron a conocer todos los detalles del texto, el funcionario subrayó que “el objetivo es volcar esos recursos a la actividad económica para generar crecimiento”, sin necesidad de aumentar la emisión monetaria ni la carga impositiva.

La propuesta oficial se alinea con el plan del presidente Milei de mantener el equilibrio fiscal, y podría representar una vía alternativa para movilizar capitales existentes dentro del país sin afectar el esquema de gasto del Ejecutivo. “No queremos nuevos impuestos ni emisión. Esto es para que la gente pueda usar su plata sin miedo”, enfatizó Francos.

Además, el ministro deslizó que el Estado reconoce la existencia de una cultura del “canuto” como parte del comportamiento económico argentino, consecuencia de múltiples crisis. “No había intención delictiva, había necesidad de resguardo”, dijo. En ese sentido, el nuevo marco buscará dar previsibilidad jurídica y evitar la criminalización de los ahorros no declarados.

El Congreso ya está habilitado para tratar la iniciativa, aunque aún se espera la publicación completa del texto. Desde el oficialismo se anticipa una discusión intensa en torno al alcance del proyecto, su impacto fiscal y su capacidad para efectivamente atraer los dólares informales al circuito productivo.