El Gobierno nacional salió a desactivar la tensión diplomática con Chile generada por declaraciones de un alto jefe militar argentino sobre el Estrecho de Magallanes. A través de un comunicado de la Cancillería, la administración de Javier Milei ratificó los acuerdos internacionales que establecen el marco de la soberanía sobre esa vía marítima y pidió que cualquier diferencia sea abordada mediante los canales institucionales.

La Casa Rosada evitó mencionar directamente al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien había planteado la necesidad de mantener presencia en la zona por su importancia estratégica.

La Cancillería sostuvo que la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes está determinada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que, según remarcó, continúan plenamente vigentes y son considerados definitivos por la Argentina.

El conflicto diplomático comenzó luego de las declaraciones de Valverde durante una entrevista, en la que se refirió al extremo sur y destacó el valor estratégico de la zona.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”, afirmó el jefe militar.

Las expresiones provocaron una rápida reacción en Santiago. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, reclamó responsabilidad a las autoridades extranjeras y fue categórico al sostener que “el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, también cuestionó los dichos y afirmó: “Aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.

Frente a la escalada, el Gobierno argentino optó por ratificar el marco jurídico vigente y evitar una confrontación pública.

La Cancillería puso el foco en la cooperación
El comunicado argentino no se limitó a recordar los tratados que regulan la cuestión. También destacó los espacios de cooperación que ambos países mantienen en el extremo sur.

El Gobierno vinculó la región con Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, áreas que considera cada vez más relevantes por sus recursos naturales y por su importancia para las rutas marítimas y las cadenas de suministro internacionales.

Entre los mecanismos de cooperación mencionados aparecen el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la administración conjunta de áreas protegidas y la Patrulla Antártica Naval Combinada, que lleva más de 25 años de funcionamiento.

También se destacó la presentación conjunta de una propuesta para crear un área marina protegida en sectores de la Antártida.

Hacia el final, la Cancillería reafirmó “su compromiso con la relación bilateral con Chile” y sostuvo que las cuestiones de interés común deben ser tratadas mediante “los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

Un antecedente que vuelve a escena
La nueva controversia se suma a una serie de episodios que durante los últimos años generaron cruces entre Buenos Aires y Santiago.

En 2024, Chile reclamó por la instalación de paneles solares argentinos en el área del Hito 1, en Tierra del Fuego, debido a que parte de la estructura había quedado dentro de territorio chileno. La Argentina terminó retirándolos.

Más recientemente, también habían generado cuestionamientos en Santiago declaraciones del contraalmirante Hernán Montero, quien sostuvo que “la boca de Magallanes es argentina”.

Existe, además, un antecedente político que el Gobierno actual buscó corregir. En 2021, durante la administración de Alberto Fernández, una directiva de Defensa había planteado fortalecer la exploración, el estudio y el control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.

En marzo de 2025, la gestión de Milei reconoció ante Chile que esa interpretación “constituye un error” frente a lo establecido por los tratados de 1881 y 1984 y anunció que sería reemplazada por una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.