En un nuevo capítulo de su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta Cristina Kirchner decidió desafiar el fallo del tribunal y volverá a designar a tres oficialistas para integrar el Consejo de la Magistratura, desestimando el reclamo del bloque Pro, que volvió a nominar al cordobés Luis Juez como representante por la tercera minoría de la Cámara alta.

El decreto designa a los senadores oficialistas María Pilatti (Chaco) y Mariano Recalde (Capital), como representantes del bloque Nacional y Popular, y al militante de La Cámpora Martín Doñate (Rio Negro), por la bancada de Unidad Ciudadana. El cuarto representante es el radical Eduardo Vischi (Corrientes) que, de acuerdo a la lectura de Cristina Kirchner, ocupará el lugar correspondiente a la segunda minoría.

Así, excluyó al cordobés Luis Juez, propuesto por el bloque Pro para ocupar el sitial correspondiente a la tercera minoría. En su lugar, el kirchnerismo insiste con Doñate, con lo que se vuelve a repetir el escenario polémico de abril ultimo, cuando la vicepresidenta ordenó partir en dos el bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro escaños, y que terminó judicializado. Esta jugada fue invalidada por la Corte la semana pasada.

En un intento por refrendar la jugada por el voto del cuerpo y blindar la maniobra, ante un nuevo y eventual conflicto institucional con la cabeza del Poder Judicial, el decreto será sometido a discusión como primer tema de la sesión en la que el Senado tiene previsto debatir este miércoles el presupuesto nacional 2023 y la prórroga de una serie de impuestos cuya continuidad es vital para el financiamiento de la administración pública.

Para sumar mas polémica a la sesión, el oficialismo incluyó en el temario los acuerdos a los tres integrantes de la Cámara Federal de la ciudad santacruceña de Luis Piedra Buena. Los postulantes son todos aliados del peronismo y forman parte de la estrategia de la vicepresidenta de colonizar la justicia de la provincia patagónica, donde se radican muchas de las causas por corrupción que tienen a funcionarios del régimen krichnerista como protagonistas. Uno de los nominados es Marcelo Bersanelli, que fungió como abogado de Cristina Kirchner en una de las diligencias ordenadas por el fallecido juez federal Claudio Bonadio.