Desde el Ministerio de Seguridad repudiaron el hecho. El secretario Luis Ibáñez confirmó que se iniciaron las actuaciones administrativas de forma paralela a la causa penal. Según dijo, se aplicó el pase a situación pasiva “por proceso” contra los dos agentes.

“En caso de que sean condenados, teniendo en cuenta el avance que implica el nuevo Código Procesal Penal, serán exonerados”, dijo el funcionario.

Ante ello, las instituciones oficiales confirmaron que se había dispuesto el pase a situación pasiva o el servicio pasivo, según la definición de cada organismo, en contra de los uniformados afectados por el caso judicial.

Además, remarcó que los responsables del Ministerio de Seguridad y de la Policía, al igual que los compañeros de la fuerza, habían expresado el “repudio total” del hecho. “Valoramos la tarea del resto de los policías, que se apega a las leyes y al reglamento interno, no así a este grupo chico dentro de la fuerza”, señaló.

Fuentes de la Policía Federal, por su parte, consideraron que se trataba de un caso de “desprestigio institucional” y confirmaron la intervención de asuntos internos. “Se inició sumario interno”, indicaron.

“Se descubrió que esta banda liderada por el policía federal, quien estaba con licencia laboral por covid-19, aparentemente había secuestrado al taxista para exigirle dinero, amenazándolo de muerte a él y su familia con armas de fuego”, dijo Jorge Dib, director general de Investigaciones Criminales de la Policía.