Con un fuerte operativo de seguridad, agentes estatales destruyeron con una topadora las edificaciones que aún quedaban en pie en el llamado “Loteo Monroy”, en El Mollar. Con este procedimiento, la Provincia recuperó el último predio que había sido usurpado en la Reserva Natural La Angostura.
Este sólo fue un caso atípico, sino que además es un claro ejemplo de que durante años hubo desidia estatal para controlar su patrimonio. En los años 80, la Provincia le cedió las tierras al Automóvil Club Argentino para que construyera una hostería y una playa para el expendio de combustible. Después de más de 10 años, la empresa confirmó que no realizaría el proyecto y devolvió las tierras. El acto fue oficializado, pero nunca inscripto en la oficina correspondiente.
Durante más de 20 años, la titularidad de esa tierra quedó en el limbo. La familia Monroy ocupó el predio de más de cinco hectáreas aduciendo que por derechos ancestrales les pertenecía. Luego de haber recibido un informe de los especialistas de las direcciones de Flora y Fauna, Catastro y Recursos Hídricos, la fiscala de Estado Gilda Pedicone ordenó iniciar los trámites de inscripción del bien a nombre de la Provincia en el Registro Inmobiliario. Una vez completado el trámite, consiguió que la Justicia ordenara el desalojo del lugar.
A principios de noviembre del año pasado, funcionarios descubrieron que integrantes de la Comunidad Diaguita de El Mollar habían ocupado tierras fiscales para instalar una feria de artesanos. Por este caso, se hizo un relevamiento y las autoridades comprobaron que en el espacio protegido había cinco barrios (“Juana Azurduy”, “El Lago”, “Náutico” y “Loteo Gaucho Castro”), un emprendimiento turístico (“Pesca El Pelao”), la estructura de un boliche ubicado en las orillas del lago, el club de fútbol El Sauce, el “Loteo Monroy”, la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería y comercio.
Todos fueron desalojados, pero en ninguno de los casos hubo que recurrir a la fuerza. El del “Loteo Gaucho Castro” no sólo fue el más mediático, sino el que más lejos llegó. Por acción de la Provincia, se denunció a siete personas por la comercialización de tierras fiscales. Entre los imputados aparecen dos empleados de la ex Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat (el gobernador Osvaldo Jaldo decidió eliminarla por este caso) y el suspendido delegado comunal Jorge Cruz. Es una causa inédita que está cerca de llegar a juicio.
En la Reserva sólo quedan por recuperar dos predios que fueron concesionados. Uno es el del club Náutico, que estaba destinado a que se transforme en la sede de un club de pesca, pero allí terminó edificándose el único barrio cerrado de El Mollar. El otro, conocido como Loteo Haten, también fue cedido por el Gobierno con el propósito de que funcionase un autocamping, pero en esa tierra sólo se edificaron dos cabañas que están siendo alquiladas.
En ambos casos, sus ocupantes están negociando con la Provincia cuál será su futuro, según confirmaron fuentes de ambas partes.
Decenas de policías, dirigidos por los comisarios Carlos Díaz, Eduardo Toledo y Marcos Goane, se trasladaron hasta El Mollar para que se concrete la medida judicial. El operativo fue dirigido por Hugo Vitale (titular de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y Patrimonio Provincial), Martín Lazarte (secretario de Desarrollo Productivo), Jorge Fernández (Catastro) y Juan Carlos Parajón (Flora y Fauna), entre otros. No se registraron incidentes.
