Hasta ahora, la prostitución ha sido tolerada en España, con muchos burdeles que funcionan como hoteles u otros establecimientos de alojamiento, aunque la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales.

La medida forma parte de un impulso progresista del Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez para ampliar los derechos de las mujeres, y supondrá que las trabajadoras del sexo sean tratadas como víctimas a las que hay que proteger en lugar de criminalizarlas, como ocurriría con cualquier prohibición total de la prostitución.

Los socialistas, que gobiernan en coalición minoritaria con su socio de izquierda, Unidas Podemos, quieren introducir penas de cárcel más altas para el proxenetismo, eliminando el requisito actual de que la policía demuestre que existe una relación de explotación con la trabajadora sexual.

La propuesta también castigaría a cualquiera que utilice un local para la prostitución, y a los hombres que compren sexo, con penas agravadas si la víctima es un menor o está clasificada como vulnerable.

La propuesta ha suscitado un intenso debate en el movimiento local por los derechos de las mujeres.

Algunas organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de la trata y la prostitución, como Médicos del Mundo, la consideran un paso en la dirección correcta, mientras que otras, como Antigona, un grupo de académicas que están a favor de la legalización de la prostitución, afirman que corre el riesgo de llevar a las inmigrantes indocumentadas a la clandestinidad y dejarlas más vulnerables a las redes de trata.

Natalia, una antigua trabajadora del sexo que ahora trabaja en el sindicato Otras, dijo que la legislación actual “infantiliza” a las mujeres que ejercen este oficio.