Según un comunicado de su oficina, el presidente ha promulgado la ley “porque está obligado” a hacerlo en virtud de la Constitución.

Portugal se convierte así en el sexto país de la Unión Europea que permite este procedimiento. Los sondeos de opinión muestran desde hace tiempo que la mayoría de los portugueses está a favor del derecho a elegir la muerte con asistencia médica para evitar el sufrimiento.

En enero de 2021, la anterior composición parlamentaria aprobó el primer proyecto de ley que habría legalizado la muerte con asistencia médica bajo ciertas condiciones, pero el presidente Rebelo de Sousa lo vetó por “conceptos excesivamente indefinidos”.

Mientras el Parlamento seguía aprobando versiones ligeramente modificadas, el presidente las devolvía a la cámara o al Tribunal Constitucional, normalmente alegando dudas sobre la redacción, que según los críticos eran meros intentos de retrasar su aprobación.

El viernes, el Parlamento de 250 escaños votó por 129 votos a favor, 81 en contra y una abstención para aprobar el proyecto de ley sin los cambios solicitados por Rebelo de Sousa, anulando así su veto.

No obstante, el Partido Socialdemócrata, principal partido de la oposición de centro-derecha, ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

La ley especifica que se permitirá a las personas solicitar asistencia para morir en los casos en que se encuentren “en una situación de sufrimiento intenso, con lesiones definitivas de extrema gravedad o enfermedad grave e incurable”.

Establece un plazo de dos meses entre la aceptación de la solicitud y el procedimiento propiamente dicho y hace obligatorio el apoyo psicológico.