La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, no admite recurso alguno y desestima los recursos presentados por Varsovia y Budapest contra una nueva sanción de la UE que detendría la financiación a los países miembros que incumplan las leyes europeas.

“Las sentencias de hoy confirman que vamos por el buen camino”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar que el Ejecutivo comunitario, con sede en Bruselas, fijará el modo de proceder en las próximas semanas.

Están en juego cientos de miles de millones de euros de fondos, la cohesión interna de la UE y la posición internacional.

Hungría y Polonia han sido durante mucho tiempo grandes beneficiarios de los fondos de la UE, que el bloque ha inyectado en los antiguos países comunistas para ayudar a desarrollar sus economías desde su adhesión en 2004.

La UE dice que, para recibir esos beneficios, los países deben cumplir las normas europeas comunes, que Varsovia y Budapest han incumplido imponiendo el control político sobre el poder judicial y los medios de comunicación, y restringiendo los derechos civiles.

Las disputas amenazan con sembrar la discordia en la UE en su flanco oriental, donde pretende proyectar unidad en respuesta a la concentración de fuerzas de Rusia cerca de Ucrania.

La decisión también podría tener un impacto político inmediato, sobre todo en Hungría, donde se espera que las elecciones nacionales del 3 de abril sean las más reñidas para el primer ministro nacionalista Viktor Orbán desde su aplastante victoria en 2010.

El partido gobernante de Orbán, Fidesz, que hace campaña sobre una plataforma de nacionalismo antiinmigrante y populismo económico, dijo que la sentencia era una “venganza política” contra Hungría destinada a ayudar a una alianza de la oposición. La ministra de Justicia húngara, Judith Varga, dijo que la sentencia era un ejemplo de abuso de poder por parte de Bruselas contra los Estados miembros.