Según la versión oficial, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió la denuncia respecto del jefe de la URN, Gustavo Beltrán, y, por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, derivó el caso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. La intervención de la fiscalía permitió constatar en el lugar —una propiedad en la zona de El Cadillal— la presencia de al menos un policía y dos detenidos provenientes de la comisaría de Chuscha, en Trancas, realizando tareas de albañilería. Ese hallazgo no sólo corrobora la denuncia original, sino que además plantea interrogantes serios sobre la cadena de mando, el control institucional y la vulneración de los derechos de las personas privadas de su libertad.

La actuación inmediata del ministro y la derivación del caso a la justicia son pasos necesarios, aunque insuficientes si no van acompañados de investigaciones profundas, sanciones ejemplares y reformas administrativas que eviten la repetición de episodios de esta naturaleza. La fuerza provincial —según comunicaron fuentes oficiales— se somete a un proceso de depuración interna dirigido por los comisarios generales Joaquín Girvau y Roque Yñigo; sin embargo, la comunicación pública exige mayor transparencia sobre los procedimientos, los plazos y las garantías de imparcialidad.

En materia de sanciones, se confirmó que Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, segundo jefe de la URN, serán dados de baja de la policía en las próximas horas. La medida, aunque esperable ante pruebas tan comprometedoras, llega tarde frente al desgaste institucional acumulado y no sustituye la necesidad de una investigación judicial que determine responsabilidades penales y administrativas, incluyendo la posible complicidad de otros funcionarios o policías que hayan permitido o encubierto el uso de detenidos como mano de obra forzada.

Otro punto inquietante es la falta de información sobre los reemplazos en la cúpula: en contextos donde la confianza pública está dañada, el ocultamiento o la demora en definir nuevos mandos solo alimenta la sensación de descontrol. La presencia del ministro Agüero Gamboa en El Cadillal como supervisor del operativo puede leerse como un gesto de reacción, pero no suple la obligación de presentar resultados claros, accesibles y verificables por la ciudadanía y por los organismos de control.

Finalmente, este episodio remarca la necesidad de revisar protocolos de custodia y trabajo de detenidos, las condiciones en que se gestionan las comisarías del interior y la transparencia en el manejo de bienes y servicios vinculados a funcionarios públicos. Sin cambios estructurales y sanciones que efectivamente disuadan futuras transgresiones, la baja de dos jefes no será más que un parche temporal sobre un problema más profundo: una cultura institucional que permite, tolera o encubre el uso indebido de presos y recursos policiales para fines particulares.