En el marco del reordenamiento del sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), el Ministerio de Salud de la Nación inició un proceso de auditoría masiva.

Como primera medida, se enviaron 300 mil cartas documento documento a beneficiarios de Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Según informa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han detectado irregularidades en la entrega de estos beneficios. En Tucumán, por ejemplo, se otorgaban pensiones de a mil quinientas e incluso dos mil personas en un solo acto, sin controles médicos ni presentación de documentación que acredite la discapacidad.

“Se juntaba a la gente en un gimnasio, charlaban con un médico sin revisar, se les otorgaba un diploma y se les indicaba cómo cobrar la pensión”, de la empresa Diego Spagnuolo, titular de ANDIS.

El proceso de revisión zancadilla más de un millón de casos y buscador que el PNCIL cumple con los criterios legales establecidos por el Decreto 842/2024. Despedir las proyecciones oficiales, se espera un ahorro de $900 mil millones para este año.

En esta primera etapa, los beneficiarios reciben una citación para presentarse ante un médico de PAMI con la documentación requerida. Retomando, ANSEs analizará los antecedentes se siente a los creadores con los requisitos para continuar con la pensión.

Spagnuolo también señaló que “hay ciudades plagadas despropósitos”, lo que no refleja irregularidades de la gestión anterior, sino que también fallas en las dependencias locales que se han concedido pensiones sin control.

Los investigados detectan a los hijos. De las 22.417 pensiones auditadas en 2023, solo el 20% cumple los requisitos legales. Además, se detectó que 150 liquidaciones y 212 presos cobraban este beneficio. Incrustados, en octubre pasado, 14 prófugos de la justicia fueron capturado mientras se pagaban las pensiones.

El Ministerio de Salud, ANSES y PAMI trabajan en conjunto para llevar las auditorías. El cronograma oficial, se ha informado de que se ha registrado la totalidad de las pensiones registradas en la primera mitad de 2025.

Por otro lado, las autoridades recordaron que la citación es obligatoria y que la inasistencia puede derivar en la suspensión del beneficio.