El caso del gremialista entrerriano involucrado en una causa de supuesto fraude a beneficiarios de programas sociales sumó un nuevo capítulo este martes. Fue cuando uno de los damnificados se acercó a prestar su testimonio ante la Justicia y confirmó la principal hipótesis que manejan los investigadores: que el tesorero de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) otorgaba préstamos a personas de bajos recursos, a cambio de que, como garantía, le cedieran la tarjeta de débito de la asignación estatal que cobraban.

El perjudicado expresó su intención de recuperar la tarjeta que le retenían para el cobro de los créditos usurarios que, según fuentes judiciales, la pareja se dedicaba a extender a personas de bajos recursos. En ese sentido, ratificó que, para que cada beneficiario pueda acceder a ellos, debían darles sus tarjetas con las claves para que alguien les cobre la cuota mensual.

El caso saltó a la luz el sábado pasado, cuando la esposa del gremialista fue detenida por la policía de Entre Ríos mientras extraía dinero de un cajero automático de la ciudad de Paraná y tenía en su poder 22 tarjetas del Banco Nación pertenecientes a diferentes personas, algunas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y otras del programa Potenciar Trabajo.

Luego de que la mujer fuera demorada, se realizó un allanamiento en su casa, donde se encontró más dinero. También se procedió a requisar una camioneta Chevrolet propiedad de su pareja, donde se hallaron $270.000 en efectivo. A raíz de ese procedimiento, el hombre también quedó involucrado en la causa.

Al día siguiente, por orden del fiscal Gonzalo Badano, fueron allanadas las oficinas de Apuner, donde se cree que en su interior funcionaba una financiera ilegal. Ahora, los investigadores buscan determinar si el resto de los directivos del sindicato del personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) estaban al tanto de la situación y si las actividades crediticias son legales o no.

La estrategia de los acusados

Según indicó el medio local Diario Uno, los dos sospechosos se encuentran en libertad y preparando una explicación para enfrentar la imputación que ocurrirá en los próximos días desde la fiscalía. La pareja aguarda por la figura penal por la que tendrán que responder. Y entiende que solo deberían dar cuenta de la posibilidad de una estafa, o bien una administración infiel, pero de lo que se especula: que se está frente a una malversación o defraudación.

De acuerdo a fuentes cercanas, el hombre podría asumir la responsabilidad total de haber organizado un sistema de “ayuda” económica para beneficiarios de planes sociales en situación muy desfavorable. Y que, por eso, debían recurrir a alternativas financieras, con el fin de obtener fondos para adquirir más productos de primera necesidad para sus hogares.

El acusado, que ya renunció a su cargo de tesorero y admitiría su responsabilidad exclusiva en el hecho, podría indicar que la pareja tuvo un rol secundario, al tiempo que trataría de aclarar por todos los medios posibles que el resto de las autoridades de Apuner no tienen nada que ver con el escándalo que golpeó de lleno al gremio universitario provincial.