Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, un empleado policial habría llevado a cabo una serie de estafas contra al menos seis personas, a quienes, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, les habría solicitado dinero a cambio de garantizar el ingreso de sus hijos a la Policía de Tucumán. Según la acusación, el imputado se presentaba como un nexo con funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial y habría logrado recaudar más de $7.300.000 mediante engaños.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de la fiscal Mariana Rivadeneira. Este miércoles 30 de abril se realizó una audiencia en la que se legalizó la aprehensión, se formularon cargos y se solicitó la prisión preventiva del agente. También se pidió declarar el caso como asunto complejo, lo que permitirá extender el plazo de la investigación penal preparatoria.

En representación del Ministerio Fiscal, la auxiliar de fiscal Mónica Torchán atribuyó al imputado el presunto delito de defraudación por supuesta remuneración a jueces u otros empleados públicos, en forma reiterada. La funcionaria explicó que el sospechoso habría utilizado distintas cuentas bancarias para canalizar los pagos, y que aún restan medidas pendientes como el análisis de celulares secuestrados, revisión de documentación e identificación de posibles nuevas víctimas o partícipes.

“La maniobra habría consistido en aprovechar la necesidad y el desconocimiento de las víctimas, quienes creyeron que, a través del acusado y sus supuestos contactos, sus hijos podrían ingresar a la fuerza”, sostuvo Torchán. Agregó además que muchas de las personas afectadas residen en zonas rurales y atraviesan situaciones económicas vulnerables.

La Fiscalía también argumentó que existen riesgos procesales, como peligro de fuga u obstaculización de la investigación, y que el acusado podría influir en el testimonio de las víctimas. “Hay que asegurar el proceso. De quedar en libertad, el imputado podría interferir en la declaración de personas que aún no se animaron a denunciar”, advirtió Torchán.

La jueza interviniente hizo lugar a todos los pedidos de la Fiscalía: declaró el caso como complejo y dictó la prisión preventiva por 60 días, disponiendo el traslado inmediato del imputado al complejo penitenciario de Benjamín Paz.