Una mujer quedó bajo investigación en Tucumán, acusada de cometer al menos cuatro estafas a través de una maniobra que, según la Justicia, se sostuvo durante varios años. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, se presentaba ante sus víctimas como alguien con vínculos en organismos públicos, gremios y otras instituciones, y les exigía fuertes sumas de dinero por adelantado a cambio de gestionarles una vivienda.

Un perjuicio que supera los $14 millones

Los hechos reconstruidos por la Fiscalía dan cuenta de un daño económico acumulado de más de $14 millones. La mujer ofrecía principalmente casas en San Andrés y en Manantial Sur y, cuando llegaba el momento de hacer efectiva la entrega, apelaba a distintas excusas para dilatar la situación.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. En la audiencia, el MPF estuvo representado por el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, quien primero solicitó que se declarara legal el procedimiento de aprehensión y luego pidió ampliar los cargos con los hechos incorporados a la pesquisa, además de endurecer las medidas de coerción.

El juez hizo lugar de manera parcial al pedido y dispuso la prisión preventiva de la mujer, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario con dispositivo electrónico, por 45 días.

El primer engaño, a fines de 2022

Según la imputación, el primer hecho se remonta a fines de 2022, cuando la acusada se mostró como gestora con supuestos contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y en la Legislatura tucumana. Bajo esa fachada, ofreció tramitar la adjudicación de una casa en San Andrés pese a que, sostiene la Fiscalía, sabía que no podía concretar esa operación.

La víctima adelantó el dinero, pero la entrega jamás se produjo y la mujer comenzó a justificar la demora con diferentes pretextos. El perjuicio en este caso fue de $3.150.000.

Se hizo pasar por abogada de UPCN

El segundo hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2023. Esta vez la acusada dijo ser empleada de la Legislatura y abogada de UPCN, con supuestos contactos dentro del sindicato. En un bar de avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, le ofreció a otra víctima una vivienda en Manantial Sur a cambio de $2.200.000 por el terreno y $40.000 adicionales por gastos de escribanía.

Llegada la fecha pactada, la casa tampoco fue entregada y, según la acusación, volvió a recurrir a excusas. El daño en este episodio ascendió a $1.945.300.

Casas del IPV que nunca llegaron

El tercer caso data del 23 de abril de 2026. Allí la mujer se habría presentado como abogada especializada en recuperar viviendas del IPV y ofreció una casa en Manantial Sur por $4.180.000. La víctima pagó, pero la adjudicación nunca se concretó y la acusada apeló de nuevo a distintas justificaciones ante los reclamos.

Un chofer de Uber como intermediario

El hecho más reciente comenzó el 10 de agosto de 2026, cuando la mujer entabló contacto con un conductor de Uber. Se presentó como abogada y miembro de la CGT, encargada de gestionar viviendas recuperadas del IPV en Manantial Sur, y logró que el chofer la conectara con familiares interesados en acceder a una casa.

Ese mismo día, alrededor de las 16.30, se reunió con los interesados en una estación de servicio YPF de Bulnes y avenida Belgrano, en la capital tucumana. Allí pidió documentación personal y $150.000 para el “armado de carpeta”, además de adelantar que luego deberían pagar $5 millones a cuenta de un terreno valuado en $12 millones.

Al día siguiente, en un bar de Maipú al 50, aseguró que la vivienda se adjudicaría en un mes. Con esa promesa, una de las víctimas le entregó los $5 millones. La Fiscalía sostiene además que sumó a otras personas al supuesto sistema, a quienes les pidió documentación y transferencias de $150.000 cada una a nombre de su hija. El perjuicio de este último tramo fue de $5.450.000.