A menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, previstas para el 17 de agosto, el clima político se enrarece. Ayer jueves, el expresidente Evo Morales anunció que insistirá con su postulación pese a estar inhabilitado judicialmente, y llamó a sus seguidores a movilizarse hacia La Paz para exigir que se respete su candidatura.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Morales denunció ser víctima de una persecución orquestada por el sistema judicial y comparó su situación con la del Plan Cóndor, la operación regional impulsada por las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80 para reprimir a opositores políticos.

“Soy una víctima de un Plan Cóndor judicial”, expresó Morales, aludiendo a una supuesta estrategia coordinada para proscribirlo políticamente.

El escenario electoral se complejiza aún más con la renuncia del actual presidente Luis Arce a buscar la reelección, en medio de una creciente impopularidad, tensiones internas en el oficialismo y una grave crisis económica que golpea al país.

Con Morales fuera de competencia por decisión de la justicia electoral, el oficialismo podría volcar su respaldo al actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, una figura joven y cercana al núcleo duro del MAS (Movimiento al Socialismo), quien ya manifestó su intención de competir por la presidencia.

La situación genera incertidumbre tanto en el plano político como institucional. Distintas organizaciones sociales ya comenzaron a manifestar su apoyo a Morales, mientras sectores opositores piden garantías democráticas y el respeto a los fallos judiciales.