Los daños económicos en el juicio por la expropiación de YPF ascienden a casi 16 mil millones de dólares. Tal como consigna el portal Bloomberg Linea, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y aplicó el monto máximo esperado.

En tanto, desde el gobierno Nacional, la vocera Gabriela Cerrutti confirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que se apelará el fallo. “El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”.

Cerrutti aseguró que el presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, afirmó la vocera presidencial.

En cuanto al monto de los daños económicos, si bien la letrada norteamericana no fijó una cifra por la expropiación indebida de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi., optó por el peor escenario para la Argentina al decidir que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado.

Cabe recordar que, mientras Burford Capital exigía que el resarcimiento rondara los u$s 16.000 millones, el Estado argentino aseguraba que esa cifra rondaba los u$s 5.000 millones.

Tal como explica Bloomberg Línea, en la conclusión del fallo conocido este viernes, en el cual decide el monto de US$16.000 millones, al aplicar una tasa del 8%, Preska señaló que “el tribunal considera que la República ejerció el control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, desencadenando así sus obligaciones de oferta pública”.

Con anterioridad, la jueza ya había sido encontrado culpable a la Argentina de expropiar mal la petrolera a fines de marzo del corriente año. En esa oportunidad falló contra la Argentina en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Luego de ocho años de litigio, determinó que el país -y no la empresa- debía pagar una indemnización en tanto los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.

En ese juicio que duró tres días, la juez Loretta Preska sentenció que hubo “mala praxis expropiatoria” por parte del Estado Argentino y por este motivo el país debía abonar a la parte demandante.

Para la representación legal del Estado argentino, el monto a pagar debiera computarse en pesos en la fecha en la que se dicte la medida y luego convertirse en dólares.

Ahora, a partir del próximo lunes los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.