El texto legislativo, al que sólo le falta la firma de su principal impulsor, el gobernador Ron DeSantis, llega tras una disputa entre el líder republicano y la compañía sobre una polémica ley educativa votada en Florida.

“Si Disney quiere pelear, eligió al tipo equivocado”, escribió DeSantis en un reciente correo electrónico para recaudar fondos.

Los problemas para la empresa empezaron en marzo, cuando Florida aprobó una ley que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias.

Esa ley, apodada “Don’t Say Gay” (No digan gay) por sus detractores, se enmarca en una batalla cultural emprendida por el Partido Republicano, a pocos meses de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en noviembre.

Desde hace meses, los republicanos tienen en el punto de mira a medios de comunicación, empresas y políticos demócratas a los que acusan de querer imponer su ideología progresista a los demás.

Disney se negó en un primer momento a opinar sobre la ley educativa de Florida, donde emplea a unas 75.000 personas. Pero las numerosas críticas recibidas por su silencio al respecto llevaron al director ejecutivo, Bob Chapek, a condenar la medida y a suspender las donaciones políticas en el estado.

Esa decisión irritó a DeSantis, un político ambicioso al que muchos analistas ven como un posible candidato para la Casa Blanca.

El martes, anunció que había pedido a los congresistas estatales anular el estatuto especial de Disney.

Y dos días después, sus deseos se cumplieron en el Parlamento, dando inicio a un periodo que llevará al desmantelamiento del distrito especial en junio de 2023.