Una mujer fue imputada por haber recibido más de $ 4.386.000 provenientes de transferencias realizadas desde un celular robado y luego redistribuir ese dinero hacia cuentas propias y de terceros para su beneficio personal. La acusación fue formulada por el delito de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de partícipe necesaria.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por el fiscal Fernando Blanno, quien estuvo representado en la audiencia por la auxiliar fiscal Natalia Carabajal. En esa instancia se formalizó la investigación y se solicitaron medidas de coerción contra la acusada.
Según la teoría del caso, el hecho ocurrió el 19 de mayo de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando la mujer recibió en su cuenta de Mercado Pago, operada desde su celular personal y de la cual era la única titular, una serie de transferencias provenientes de las cuentas de una víctima que no conocía.
La damnificada había advertido ese mismo día que le habían robado el teléfono celular y, al revisar posteriormente sus movimientos bancarios, descubrió distintas transferencias no autorizadas por un total de $ 4.386.800.
Para la fiscalía, la imputada actuó con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero recibido, teniendo en cuenta tanto el horario de las operaciones como el hecho de que la víctima era una persona completamente desconocida para ella. A pesar de ello, habría redistribuido rápidamente los fondos hacia otras cuentas y también hacia cuentas propias, obteniendo un beneficio económico y provocando un perjuicio patrimonial a la damnificada.
Como parte de las medidas impuestas, la Justicia ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, ya sea de manera personal, por medios tecnológicos o mediante terceros. También deberá abstenerse de realizar actos de intimidación o perturbación, permanecer a disposición del Tribunal y presentarse cada 15 días en la sede policial más cercana a su domicilio durante el plazo de seis meses.